La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrir una investigación preliminar contra el presidente Gustavo Petro, por presuntas anomalías en la financiación de su campaña durante la consulta interna del Pacto Histórico, realizada el 13 de marzo de 2022.
El alto tribunal centra su solicitud en los contratos de vuelos privados realizados a través de la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi S.A.S.), los cuales podrían haber sido usados de forma irregular dentro de la contabilidad electoral del movimiento.
La decisión de la Corte se conoció un día después de que se ordenara enviar copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la propia Comisión de Acusación, con el fin de verificar si existieron inconsistencias en los reportes de gastos y posibles violaciones a los topes de financiación establecidos por la ley.
De acuerdo con el documento del tribunal, el entonces precandidato Petro habría realizado 27 vuelos —equivalentes a 72 horas de desplazamiento aéreo— que no fueron registrados como parte de los gastos de su campaña presidencial. Dichos trayectos, según la Corte, se incluyeron en los reportes financieros de la campaña al Senado del Pacto Histórico para evitar una eventual superación de los límites de gasto.
Las facturas de estos servicios, cuyo valor total supera los $2.324 millones, habrían sido divididas en dos partes: una por $1.215 millones a nombre de la campaña legislativa y otra por un monto similar asignado a la consulta presidencial. Sin embargo, varias de las rutas —según reveló la revista Cambio— habrían sido utilizadas exclusivamente por Petro, junto a su equipo de seguridad y familiares, y no por los aspirantes al Congreso.
En el expediente también aparecen mencionados Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña de Petro, y Guillermo Jaramillo, hoy ministro de Salud, quien fue coordinador de la campaña legislativa del Pacto Histórico.
La Corte identificó presuntas alteraciones en la información de 24 vuelos, cuyos costos se distribuyeron entre 20 candidatos al Senado, asignando a cada uno un promedio de $60 millones en transporte aéreo. Según el alto tribunal, esta maniobra habría inducido en error al CNE al momento de reconocer la reposición de gastos.
Ahora, la Comisión de Acusación deberá analizar el material enviado por la Corte y determinar si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal contra el presidente y los funcionarios implicados.
