La Corte Suprema de Justicia pidió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes abrir una investigación contra el presidente Gustavo Petro Urrego por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña durante la consulta interpartidista del Pacto Histórico en 2022.
El alto tribunal explicó que las pruebas recopiladas muestran posibles inconsistencias en los gastos reportados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), especialmente en los contratos relacionados con el transporte aéreo utilizado por el entonces precandidato y su equipo político.
Según el informe, las facturas emitidas por la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. habrían sido modificadas con el fin de dividir los montos y evitar superar los límites de financiación establecidos por la autoridad electoral.
La Corte advirtió que esta maniobra habría inducido en error al CNE, al presentar cifras inexactas que permitieron el reconocimiento de reposiciones de gastos sobre datos falsos.
Manipulación de facturas y posibles falsedades
De acuerdo con la Corte, la campaña de Petro reportó gastos por $8.717 millones, incluyendo un valor de $1.109 millones correspondientes al transporte aéreo de la Sociedad Aérea de Ibagué. Sin embargo, los servicios contratados superaron los $2.324 millones, por lo que los encargados de la contabilidad habrían dividido la factura original en dos documentos:
uno a nombre de la campaña al Senado por $1.215 millones, y otro correspondiente a la consulta interna presidencial por $1.109 millones.
El objetivo habría sido reducir artificialmente el monto declarado para no sobrepasar el tope máximo de $8.758 millones fijado por el CNE.
La Corte afirmó que la información presentada ante el ente electoral no corresponde a la realidad del contrato de servicio de transporte aéreo, lo que configura presuntas falsedades en los reportes de ingresos y gastos de las campañas al Senado y a la consulta del Pacto Histórico.
Además, el alto tribunal señaló que “existen elementos que sugieren la posible participación de miembros del nivel gerencial y administrativo de las campañas en acuerdos o decisiones sobre el reporte de gastos”, lo que podría agravar la responsabilidad de los implicados.
Otros funcionarios también señalados
La solicitud de la Corte se conoció un día después de que el tribunal compulsara copias a la Fiscalía, al CNE y a la Comisión de Acusaciones para investigar a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, por presuntas irregularidades en la violación de topes de campaña.
El alto tribunal sostiene que la actuación busca determinar si existió una red de coordinación entre las distintas campañas del Pacto Histórico con el propósito de alterar reportes financieros y evadir los límites legales de gasto electoral.
Finalmente, la Corte reiteró que el caso deberá avanzar bajo la competencia de la Comisión de Acusaciones, la única instancia autorizada para investigar al jefe de Estado.
“Los hechos ameritan una indagación exhaustiva que permita establecer responsabilidades individuales y garantizar la transparencia electoral en el país”, concluyó el pronunciamiento.
En conclusión, el alto tribunal mantiene su llamado a esclarecer la veracidad de los reportes financieros del Pacto Histórico y a garantizar la confianza en los procesos democráticos.
