La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia marcó distancia del presidente Gustavo Petro al no invitarlo a la posesión del magistrado Víctor Julio Usme Perea. Aunque legalmente el mandatario no está obligado a estar presente, históricamente ha sido costumbre. Sin embargo, la Corte ejerció su autonomía, amparada en la sentencia C-134 de 2023 de la Corte Constitucional, que les permite a los magistrados decidir ante quién juramentarse. Corte Suprema lanza crítica a Petro al no invitarlo a posesión de nuevo magistrado.
Víctor Usme se convirtió así en el segundo magistrado en posesionarse sin la presencia del jefe de Estado, tal como lo hizo anteriormente José Joaquín Urbano. La decisión fue adoptada en medio de la polémica por el ‘decretazo’ con el que Petro busca convocar una consulta popular para revivir su reforma laboral.
Magistrados lanzan mensaje por la autonomía judicial
Durante la ceremonia, el presidente de la Corte Suprema, Octavio Tejeiro, enfatizó en la necesidad de defender el equilibrio entre poderes. Pidió a los colombianos valorar la justicia y la democracia, y recalcó que los grandes cambios sociales surgen del diálogo entre las instituciones, no de la imposición de visiones únicas.
“No se trata de unanimismos. Se trata de tender puentes”, dijo Tejeiro. En su discurso, resaltó que cuando las tres ramas del poder trabajan con objetivos comunes, se logran verdaderas transformaciones sociales. El mensaje, aunque sin nombres, fue interpretado como una crítica al accionar reciente del presidente Petro.
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¿Crisis institucional en puertas? Corte Suprema lanza crítica a Petro al no invitarlo a posesión de nuevo magistrado
La decisión de no invitar a Petro se dio en un contexto tenso. El presidente insiste en convocar una consulta popular por decreto, pese a que el Senado rechazó su propuesta el 14 de mayo. Desde sectores políticos y jurídicos advierten que esto podría desatar una crisis institucional entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
El Gobierno se respalda en el artículo 241.3 de la Constitución, que otorga a la Corte Constitucional la potestad de revisar la legalidad de consultas populares. No obstante, la insistencia de Petro, sumada a los gestos de las cortes, como este desaire, reflejan una creciente fractura entre poderes.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, justificó el decreto alegando que ningún dictador somete decisiones a la Corte Constitucional ni a la participación ciudadana. Pero la desconfianza entre ramas del poder crece, y el llamado de la Corte a respetar su autonomía cobra más vigencia que nunca.
