La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha iniciado una nueva investigación penal relacionada con la campaña presidencial de Gustavo Petro del año 2022, centrada en sospechas de irregularidades en su financiación.
Este expediente complementa otro que ya adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual determinó que la campaña excedió los límites legales de gasto y habría recibido aportes prohibidos.
Quiénes están implicados y qué se investiga
- Se señalan Ricardo Roa (gerente de campaña y hoy presidente de Ecopetrol) y Guillermo Alfonso Jaramillo (ministro de Salud), quienes supuestamente alteraron registros de vuelos con la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI).
- En este esquema, vuelos que habrían sido usados por Petro, su familia o equipo de campaña fueron cargados como gastos de campañas legislativas del Pacto Histórico, lo que estaría direccionado a evadir los controles sobre la campaña presidencial.
- El monto de esos vuelos asciende a 1.215 millones de pesos colombianos.
Aspectos legales y consecuencias posibles
- La Corte ha remitido copias de la investigación a la Fiscalía para indagar a Roa y a Jaramillo por fraude procesal y falsedad en documento privado.
- La violación de los topes de financiación de campaña es un delito penal en Colombia; según el artículo 396B del Código Penal, puede acarrear penas de 4 a 8 años de prisión para quienes ejecuten esos excesos.
- En el caso del presidente, de comprobarse responsabilidad, podría enfrentarse a la pérdida de su investidura conforme al artículo 109 de la Constitución.
