La Corte Suprema le dio cinco días al Juzgado 13 de Ejecución de Penas de Bogotá para resolver el traslado de Andrea Valdés, reclusa que denunció abuso sexual por parte de guardias del Inpec y que sigue bajo custodia de esa entidad.
El magistrado Gerson Chaverra, expresidente de la Corte, advirtió en un acta del 8 de julio que el juzgado debe garantizar el debido proceso, la dignidad humana y la seguridad de Valdés. Según el documento, los jueces deben intervenir cuando las condiciones en prisión ponen en riesgo la vida e integridad de los internos.
El caso comenzó cuando Valdés, condenada por homicidio, fue enviada a la cárcel El Pedregal, en Medellín. Allí denunció que dos guardias del Inpec la abusaron sexualmente, que quedó embarazada y que intentaron obligarla a abortar. Luego de estos hechos, la trasladaron a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá.
El abogado Felipe Alzate pidió primero la sustitución de la medida de aseguramiento, pero el juzgado la negó. Luego solicitó su traslado a un centro fuera del control del Inpec. El Tribunal de Bogotá ordenó al director del instituto realizar el traslado, pero la entidad respondió que no tenía competencia para ubicarla en los lugares propuestos, como el centro de Facatativá o la Estación de Carabineros.
Ante esta respuesta, la Corte concluyó que el juzgado y el Tribunal omitieron analizar la situación y dejaron desprotegida a una víctima de violencia institucional. Chaverra señaló que, además de las vulneraciones sufridas en prisión, las autoridades judiciales no actuaron para salvaguardar la vida y la integridad de Valdés.
Ahora, el Juzgado 13 debe pronunciarse de fondo en un plazo de cinco días y decidir si Valdés puede salir de la custodia del Inpec, donde todavía trabajan sus presuntos agresores.
