En un fallo clave, la Corte Suprema de Justicia de Colombia estableció un nuevo criterio sobre el uso de la prisión preventiva en casos de corrupción. Según la sentencia, los jueces deben considerar no solo el riesgo de fuga o la obstrucción a la justicia, sino también el impacto que la medida pueda tener sobre los derechos fundamentales del acusado.
El fallo es relevante en el contexto de varios casos de corrupción de alto perfil que han involucrado a exfuncionarios públicos y empresarios. La Corte determinó que la prisión preventiva no puede ser utilizada de manera automática o excesiva, sino que debe ser aplicada con criterios de proporcionalidad y con una evaluación exhaustiva de las circunstancias de cada caso.
Este criterio genera una discusión en el país sobre cómo equilibrar el derecho a un juicio justo con la necesidad de garantizar la efectividad de la justicia en casos de corrupción.