La Corte Suprema de Brasil impuso este viernes al expresidente Jair Bolsonaro medidas cautelares inéditas que incluyen la obligación de portar una tobillera electrónica para su monitoreo constante y la prohibición de usar redes sociales, en medio del proceso judicial que enfrenta por un presunto intento de golpe de Estado. Estas determinaciones judiciales buscan prevenir riesgos de fuga o de influencia indebida sobre procesos democráticos, mientras se lleva a cabo un juicio en su contra por supuestamente liderar una conspiración golpista tras su derrota electoral de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
Las restricciones dictadas por el máximo tribunal también le prohíben acercarse a embajadas y comunicarse con diplomáticos extranjeros, así como relacionarse con otros procesados vinculado al caso por golpismo, un intento de desestabilización del sistema democrático que la Fiscalía acusa de ser dirigido por Bolsonaro y varios colaboradores cercanos, incluidos exministros y altos mandos militares. La suma de penas podría alcanzar hasta 40 años de prisión por delitos como golpe de Estado y abolición violenta del Estado de derecho.
En paralelo a estas decisiones, la Policía Federal llevó a cabo allanamientos en dos sitios vinculados con Bolsonaro: su residencia en Brasilia y la sede del Partido Liberal (PL), el partido que lidera el expresidente, en busca de pruebas relacionadas con la conspiración golpista. Estas diligencias forman parte del expediente judicial y se enmarcan en la lucha contra acciones anti institucionales que amenacen la democracia brasileña.
El caso ha trascendido las fronteras de Brasil y generado controversia a nivel internacional. Desde Estados Unidos, el expresidente Donald Trump ha manifestado abiertamente su apoyo a Bolsonaro, calificando el proceso como una “caza de brujas” y demandando el cese del juicio, incluso acusando al Supremo brasileño de ordenar bloqueos “secretos e ilegales” de perfiles en redes sociales que difunden informaciones críticas sobre las instituciones. En respuesta, el presidente Lula da Silva ha exigido respeto pleno al Poder Judicial, denunciando intentos de chantaje y presión política externa.
Este desarrollo expone tensiones políticas profundas al interior de Brasil, señalando los límites de la libertad de expresión y el peso del sistema judicial en la defensa del orden constitucional. La inhabilitación del uso de redes sociales a Bolsonaro, una herramienta que ha sido central en su estrategia política, implica un golpe a su capacidad de comunicación directa con sus seguidores y puede marcar un precedente para casos futuros en la región respecto al control de discursos populistas y movimientos antidemocráticos.
A medida que avanza el juicio, la atención internacional permanece dirigida hacia Brasil, observando cómo se equilibra la justicia con el respeto a los derechos políticos en un momento crítico para la democracia latinoamericana. La imposición de la tobillera electrónica y la prohibición de redes sociaes han sido calificadas como medidas excepcionales pero necesarias para garantizar la integridad del proceso y evitar posibles nuevas acciones contra el orden constitucional.
La situación sigue en evolución mientras Bolsonaro continúa negando las acusaciones y apelando a la defensa de su inocencia, en una pelea judicial que probablemente seguirá marcando la agenda política internacional del país en los próximos mesesm debido a las presiones del presidente estadounidense Donald Trump.
