En las últimas horas la Corte Suprema de Justicia se pronunció acerca de un caso registrado en el municipio de Leiva en el departamento de Nariño donde dispuso y ordenó la exhumación del cuerpo sin vida de una persona que al parecer fue víctima de los grupos armados ilegales con injerencia en esta región del país. La decisión se tomó tras haber estudiado el caso de una mujer, quien sería la pareja sentimental del fallecido, quien solicitó que se llevara a cabo dicho procedimiento.
Aparentemente la situación en la que perdió la vida el hombre se registró el 17 de septiembre de 2020, cuando aparentemente la mujer de nombre Claudia Patricia Díaz Nañez se encontraba con su pareja en unión libre, Jacob Miguel Calvache Pabón; y su hija al interior de una finca ubicada en zona rural del municipio de Leiva, Nariño cuando de un instante a otro más de 10 personas ingresaron la residencia y se llevaron con rumbo desconocido al hombre.
De manera inmediata Díaz Nañez, se presume que empezó a investigar acerca del secuestro lo cual le habría permitido con el apoyo de la comunidad llegar hasta una finca ubicada en la vereda Campo Alegre, donde logró encontrar la moto de su esposo. Al interior del inmueble al parecer encontró el cadáver de su pareja sentimental por lo cual habría tomado la decisión de llevarse el cuerpo sin vida hasta la localidad de Leiva con el fin de darle cristiana sepultura, sin embargo, no contó con que los sujetos que presuntamente habían cometido el crimen le advirtieran que el cadáver no podía salir de este lugar.
El homicidio de Calvache habría sido responsabilidad del Bloque Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Entrevistas con los habitantes dieron con esta información.
Ante lo sucedido se presume que la mujer no tuvo más remedio que permitir la sepultura sin la documentación legal. Con el paso de los días, al parecer ella y su familia siguieron siendo blanco de amenazas, por lo que decidieron irse al municipio de la Hormiga. Luego de varios procesos legales que fueron negados y que presentaron trabas debido a las condiciones de seguridad en la zona la Corte Suprema de Justica le ordenó a la Fiscalía programar y realizar la exhumación mientras que las Fuerzas Armadas deberán ofrecer las garantías de seguridad durante el proceso.
