La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia condenatoria contra el Estado colombiano por su responsabilidad en la desprotección de los derechos del pueblo indígena U’wa, tras la falta de medidas adecuadas para garantizar su integridad y la protección de su territorio ancestral. La sentencia subraya las violaciones a los derechos humanos de los U’wa, especialmente en lo que respecta a su derecho a la consulta previa, libre e informada, y su derecho a la propiedad colectiva de sus tierras.
El fallo responde a una denuncia presentada por la comunidad U’wa, que ha enfrentado amenazas, desplazamientos forzados y la amenaza constante de la explotación de su territorio por parte de empresas extractivas, como las dedicadas a la explotación petrolera. A lo largo de los años, el pueblo U’wa ha insistido en su derecho a ser consultado antes de cualquier intervención en sus tierras, un derecho reconocido por la Constitución colombiana y en tratados internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La Corte destacó que el Estado colombiano no cumplió con su obligación de asegurar que las decisiones que afectan a los U’wa fueran tomadas con su plena participación, y que se vulneraron los derechos colectivos del pueblo indígena. En particular, se mencionaron las iniciativas de exploración y explotación petrolera en su territorio, que fueron realizadas sin la debida consulta a la comunidad.
Además de la condena, la Corte instó al Estado colombiano a adoptar medidas para garantizar la protección efectiva del pueblo U’wa y su territorio. Entre las medidas recomendadas, se incluyen la implementación de mecanismos de consulta adecuada y el fortalecimiento de la protección del medio ambiente en las áreas de interés de las comunidades indígenas.
La sentencia también subraya la obligación del Estado de garantizar la seguridad física y la estabilidad del pueblo U’wa, así como de prevenir futuros actos de violencia o desplazamientos forzados. La Corte ordenó a Colombia reparar los daños ocasionados, aunque se aclaró que la reparación debe ser de carácter integral, abordando tanto el daño material como el daño a los derechos colectivos del pueblo indígena.
Este fallo marca un hito en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas en Colombia, destacando la importancia de que el Estado cumpla con sus compromisos internacionales en cuanto a la protección de sus derechos territoriales y culturales. El gobierno colombiano deberá ahora tomar medidas inmediatas para corregir las falencias señaladas por la Corte Interamericana y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las comunidades indígenas.
