La Corte Suprema de Justicia absolvió a dos exgobernadores del departamento de Magdalena, quienes habían sido acusados de irregularidades en contratos durante su gestión. Los exfuncionarios enfrentaban cargos por presuntos actos de corrupción relacionados con la adjudicación y ejecución de contratos públicos, los cuales supuestamente no cumplían con los requisitos legales establecidos. La decisión del tribunal ha generado controversia, ya que en su momento se consideraron estas irregularidades como graves violaciones a la normativa.
El fallo de la Corte fue basado en la falta de pruebas suficientes que demostraran la responsabilidad penal de los exgobernadores en los hechos que se les imputaban. A pesar de las acusaciones y las investigaciones, los magistrados determinaron que no se había logrado establecer un vínculo claro entre los exgobernadores y las presuntas irregularidades en los contratos. La absolución también se sustentó en que las pruebas presentadas no fueron lo suficientemente contundentes como para implicarlos directamente en los delitos que se les atribuían.
Este veredicto ha generado opiniones divididas en la sociedad y entre los actores políticos del país. Mientras algunos celebran la decisión como una defensa del debido proceso, otros expresan su preocupación por la falta de sanciones frente a los casos de corrupción en la administración pública. La resolución de la Corte ha abierto nuevamente el debate sobre la efectividad del sistema judicial en la lucha contra la corrupción y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
