La Corte Suprema de Justicia decidió declararse no competente para resolver el futuro procesal de Carlos Ramón González, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Esta determinación marca un nuevo capítulo en el escándalo de corrupción que envuelve a la entidad, señalada por desvío de millonarios recursos destinados a la atención de emergencias.
Según la Sala de Instrucción, la reciente reforma judicial redistribuyó las competencias en materia penal. De acuerdo con el nuevo marco normativo, los casos que antes eran revisados directamente por la Corte deberán ser asumidos por magistrados del Tribunal Superior de Bogotá en calidad de jueces de control de garantías. Esto significa que el expediente de González será tramitado por esa instancia, y no por la Corte Suprema.
Competencia definida
Con esta decisión, la medida de aseguramiento y la orden de captura que pesan contra el exfuncionario pasan a manos del Tribunal de Bogotá. Será allí donde se decida si González continúa privado de la libertad o si procede algún cambio en su situación jurídica.
La Corte explicó que no podía pronunciarse sobre la apelación presentada por la defensa, ya que el procedimiento cambió con la entrada en vigencia de la reforma. Los recursos interpuestos deberán resolverse dentro del ámbito del Tribunal Superior, que ahora actúa como garante de la legalidad de las medidas adoptadas por la Fiscalía.
El cambio en la competencia busca descongestionar la Corte y agilizar la atención de procesos de alto impacto. No obstante, algunos analistas consideran que este traslado podría generar demoras adicionales, dado que el Tribunal deberá asumir un número considerable de casos complejos que antes no estaban en su jurisdicción.
Proceso pendiente
Mientras tanto, Carlos Ramón González enfrenta además una circular roja emitida por Interpol, lo que significa que puede ser detenido en cualquier país miembro del organismo internacional. La medida responde a la gravedad de los señalamientos y al riesgo de fuga que evaluaron las autoridades colombianas.
El caso ha generado un fuerte impacto político, pues González fue considerado una de las fichas clave del actual gobierno en materia de gestión pública. Para la opinión pública, la sucesión de decisiones judiciales refleja tanto la independencia de los tribunales como las dificultades de enfrentar escándalos que involucran a figuras de alto nivel.
En adelante, el Tribunal de Bogotá será la instancia decisiva para definir el rumbo judicial de un proceso que mantiene en expectativa al país.
