Una corte de El Salvador dictó sentencia contra dos exministros de gobierno, hallándolos culpables de haber negociado con pandillas a cambio de apoyo electoral. La justicia los condenó a 28 años de cárcel, en un fallo que marca un precedente en la lucha contra la corrupción política y los acuerdos con estructuras criminales.
Quiénes son los exfuncionarios condenados
Los sentenciados son Benito Lara, exministro de Justicia y Seguridad, y Arístides Valencia, exministro de Gobernación durante la administración del FMLN (2014-2019). Ambos fueron declarados responsables de los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
La corte estableció penas de 20 años por fraude electoral y 8 años por vínculos con pandillas, sumando los 28 años de prisión.
Otros condenados en el caso
El fallo también alcanzó a otros actores políticos y sociales involucrados en los acuerdos con las pandillas:
- Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador, fue sentenciado a 18 años de cárcel.
- Wilson Alvarado, particular señalado como enlace con los grupos criminales, recibió 18 años.
- Paolo Lüers, periodista y analista, también fue condenado a 18 años.
Estas condenas refuerzan el argumento del tribunal sobre la existencia de pactos para garantizar votos a cambio de beneficios para las estructuras delictivas.
Impacto político y social
El caso revela cómo partidos y figuras políticas de alto nivel recurrieron a negociaciones con pandillas para obtener respaldo electoral. Estas prácticas, conocidas en El Salvador como “pactos oscuros”, han sido criticadas durante años por favorecer la impunidad y fortalecer a las estructuras criminales.
Con esta sentencia, la justicia salvadoreña busca enviar un mensaje claro: los acuerdos entre políticos y pandillas no quedarán impunes. El fallo también se interpreta como un intento de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.
Reacciones al fallo
Diversas organizaciones sociales y analistas coincidieron en que este veredicto es histórico, ya que por primera vez altos exfuncionarios enfrentan consecuencias legales por pactar con grupos delictivos. Sin embargo, también surgen cuestionamientos sobre la aplicación selectiva de la justicia y el impacto de estas condenas en el escenario político del país.
El caso seguirá generando debate en El Salvador, un país que por años ha estado marcado por la violencia de las pandillas y las denuncias de acuerdos con gobiernos de turno.
