El 8 de mayo, la Corte Constitucional anunció la revocación de la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez. La decisión fue tomada tras una demanda que destacaba irregularidades, principalmente la ausencia de un análisis del impacto fiscal de esta nueva entidad y la falta de claridad en las facultades otorgadas al presidente Gustavo Petro.
Según la Corte, esta determinación estará vigente hasta el final de las legislaturas a partir del 20 de julio de 2024. Después de la culminación de la legislatura 2025-2026, la ley 2281 de 2023, que estableció el Ministerio, quedará completamente sin efecto.
No obstante, el Ministerio seguirá operando hasta el 20 de junio de 2026, fecha en la que se espera que el Congreso tramite una nueva ley que corrija las deficiencias encontradas en el análisis inicial.
Los demandantes, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y José Jaime Uscátegui, criticaron especialmente el artículo 12 de la ley, que otorgaba al presidente facultades extraordinarias para integrar el Sector de Igualdad y Equidad con otras entidades, sin un debido proceso de aprobación parlamentaria.
La Corte también respaldó la preocupación de los demandantes sobre el impacto fiscal, señalando que durante el proceso legislativo no se realizó un análisis detallado de los costos involucrados en la creación del Ministerio, incumpliendo así con los requisitos establecidos por la Ley 819 de 2003.
