En una histórica decisión tras siete horas de deliberación, la Corte Constitucional declaró inexequibles la mayoría de los fundamentos del decreto de conmoción interior que el presidente Gustavo Petro expidió para enfrentar la crisis del Catatumbo. Corte Constitucional limita poderes de Petro en Catatumbo.
De las múltiples justificaciones del gobierno, la Corte solo mantuvo en pie las que se refieren a enfrentamientos entre el ELN y otros grupos armados, los ataques a la población civil y firmantes del Acuerdo de Paz, y la crisis humanitaria derivada de desplazamientos forzados y confinamientos.
El fallo dejó sin efecto las medidas que pretendían abordar problemas estructurales como cultivos ilícitos, pobreza histórica, infraestructura vial y daños al sector energético. Estos puntos representaban casi el 70 % de los recursos que Petro buscaba recaudar con impuestos extraordinarios.
Una decisión que marca límites a los estados de excepción; Corte Constitucional limita poderes de Petro en Catatumbo
La votación fue dividida: 6 magistrados a favor y 3 en contra. Aunque algunos jueces cercanos al gobierno, como Vladimir Fernández, defendían el decreto completo, optaron por una posición intermedia que finalmente desmanteló las partes más ambiciosas del plan presidencial.
El mensaje es claro: el uso de medidas extraordinarias tiene límites constitucionales. La Corte dejó en firme que los estados de excepción solo son viables ante hechos sobrevinientes que desbordan la capacidad estatal, no para resolver problemas estructurales antiguos.
Esto representa un duro precedente para futuros intentos del Ejecutivo de gobernar sin pasar por el Congreso, como lo ha intentado el gobierno Petro en varias ocasiones.
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Impacto en los planes sociales, fiscales y militares del Gobierno
El plan del gobierno para el Catatumbo contemplaba una inversión de 2,3 billones de pesos, financiada en gran parte por impuestos decretados en el marco de la conmoción interior. Ahora, el sustento legal de esos recursos queda en entredicho, así como los proyectos sociales y de infraestructura ligados a ellos.
Además, el Ministerio de Defensa había lanzado campañas de desmovilización y operaciones militares intensivas en la región, mientras que el gobierno había comenzado acuerdos con campesinos para sustituir 7.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Sin los fondos, el cumplimiento de estos compromisos se tambalea.
La violencia en el Catatumbo no ha cesado, y el fallo llega en un momento en que se recrudece la confrontación armada, mientras en otras regiones del país también se agrava el orden público. Sin respaldo fiscal, el margen de maniobra del gobierno queda limitado en su política de seguridad territorial.