Corte Constitucional declara que evadir la cuota alimentaria es violencia de género

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La histórica Sentencia T-059-26 reconoce el impacto económico y social que enfrentan miles de madres cabeza de hogar en el país

La Corte Constitucional de Colombia marcó un precedente histórico al establecer que el incumplimiento de la cuota alimentaria y las maniobras para evadirla constituyen una forma de violencia económica y de género contra las mujeres. La decisión quedó consignada en la Sentencia T-059-26, considerada por expertos como un avance clave en la protección de los derechos de las madres cuidadoras y de los menores de edad.

El alto tribunal concluyó que el abandono parental no solo representa una infracción legal relacionada con las obligaciones familiares, sino también una práctica que profundiza la desigualdad y afecta de manera desproporcionada a las mujeres que asumen solas la crianza y sostenimiento de sus hijos.

Un caso que evidenció el desgaste judicial de las madres

La decisión judicial se originó tras estudiar el caso de Amalia, una mujer que junto a su madre enfrentó durante años múltiples procesos legales debido al incumplimiento reiterado de la cuota alimentaria por parte de su progenitor, identificado como Damián.

Aunque existía una condena penal por inasistencia alimentaria, el deudor realizó maniobras para evitar el pago, entre ellas la simulación de la venta de su único inmueble con el propósito de impedir embargos y acciones judiciales en su contra.

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte anuló dicha transacción al considerar que se trató de una estrategia fraudulenta para evadir sus responsabilidades económicas. Además, el tribunal enfatizó que estas prácticas generan una carga injusta sobre las mujeres, quienes terminan asumiendo en solitario los costos emocionales, económicos y sociales del hogar.

Violencia económica que perpetúa la desigualdad

En su análisis, la Corte Constitucional señaló que la inasistencia alimentaria constituye una expresión de violencia estructural de género, ya que obliga a miles de mujeres a enfrentar precariedad económica mientras garantizan el bienestar de sus hijos.

El fallo advierte que muchas madres deben asumir jornadas dobles y múltiples responsabilidades para suplir la ausencia económica del padre, situación que limita sus oportunidades laborales, educativas y de desarrollo personal.

Asimismo, la Corte reconoció que algunos deudores utilizan el sistema judicial para desgastar a las mujeres mediante dilaciones, ocultamiento de bienes y maniobras legales que retrasan el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Para el alto tribunal, estas acciones deben ser entendidas y sancionadas desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, con el fin de evitar que continúen reproduciendo ciclos de pobreza y exclusión.

Un precedente que transforma la justicia familiar en Colombia

La Sentencia T-059-26 también representa un llamado de atención a jueces, fiscales y autoridades judiciales para que adopten medidas más eficaces frente a quienes incumplen sus deberes parentales.

La Corte instó a fortalecer los mecanismos de embargo, rastreo patrimonial y protección integral de las mujeres cuidadoras, evitando que los procesos se conviertan en escenarios de revictimización.

Expertos en derecho de familia consideran que esta decisión podría abrir la puerta a nuevas herramientas jurídicas para combatir la violencia económica en Colombia y garantizar una mayor protección a madres e hijos afectados por el abandono parental.

El fallo se convierte así en un precedente clave en la lucha por la equidad de género y el reconocimiento del trabajo de cuidado que históricamente ha recaído sobre las mujeres.


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