La Corte Constitucional de Colombia emitió una orden de carácter vinculante para que el Estado implemente medidas más efectivas para proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. En su fallo, el tribunal subrayó que la falta de protección adecuada ha resultado en numerosos asesinatos y amenazas a estos actores fundamentales en la defensa de los derechos de las comunidades más vulnerables.
La Corte identificó que, a pesar de los esfuerzos previos, la violencia contra líderes sociales sigue siendo un fenómeno creciente, especialmente en regiones del país con presencia de grupos armados ilegales y bandas criminales. La orden establece que las autoridades deben tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los líderes sociales y sus familias, así como mejorar el sistema de justicia para que los crímenes no queden impunes.
El fallo fue celebrado por organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, pero también ha puesto presión sobre el gobierno de Gustavo Petro para que actúe con mayor contundencia en la implementación de políticas públicas de seguridad y protección.
