La Corte Constitucional ratificó la constitucionalidad de la ley que prohíbe exigir pruebas de embarazo como requisito para acceder a un empleo, argumentando que vulnera los derechos fundamentales de las mujeres.
El alto tribunal indicó que esta práctica constituye una forma de discriminación laboral por razones de género y maternidad. Con esta decisión, la ley se fortalece como herramienta para garantizar igualdad en los procesos de selección laboral.
