El mandatario de la República le había solicitó al alto tribunal una audiencia pública para argumentar el Decreto 1085 de 2023 a través del cual se declaró estado de emergencia en La Guajira.
El día de hoy, en el Palacio de Justicia, el presidente Gustavo Petro se presentó ante la Corte Constitucional para exponer las razones que justificaron la expedición del Decreto del Decreto 1085 de 2023, durante el pasado 2 de julio, a través del cual se declaró ‘Estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira’ por un periodo de 30 días.
“Creo que es absolutamente pertinente decretar la Emergencia Económica y Social, porque se avecina una calamidad pública, porque todas las probabilidades de los modelos climáticos, que las instituciones dedicadas a ese menester nos dicen, nos están anunciando con cada vez mayores probabilidades la cercanía de una sequía que nunca antes se había visto en La Guajira”, explicó el Presidente Petro el pasado 29 de junio en Riohacha, desde donde despachó durante la semana en compañía del Gabinete Ministerial.
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La audiencia en la Corte Constitucional
La sesión se extenderá desde las 8:00 a.m., e irá hasta las 6:00 p.m., presidida por la magistrada Natalia Ángel Cabo. Incluye la participación de representantes de entidades públicas, miembros de la sociedad civil y expertos en materia de cambio climático.
Por sugerencia de la Corte Constitucional, se estableció que la reunión se desarrollará bajo los siguientes ejes temáticos: el diagnóstico de la situación en el departamento de La Guajira, el alcance y consecuencias del cambio climático y sus efectos particulares en el departamento de La Guajira, las medidas para conjurar los impactos del cambio climático en el departamento de la Guajira y la democracia y los estados de emergencia en el contexto del cambio climático.
Los demás presentes ante la Corte
En la misma vía intervendrán representantes de la Mesa de Diálogo y Concertación para el Pueblo Wayú, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), el Ministerio de Ambiente, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), académicos y expertos internacionales, así como los magistrados de la Corte Constitucional.
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Las medidas excepcionales buscarán garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en La Guajira, por medio de la financiación, comercialización, transporte, almacenamiento, venta o distribución de productos agropecuarios, y titulación de tierras.
