La Corte Suprema de Justicia ha emitido una condena de 6 años y un día de prisión para el ex gobernador de La Guajira, Álvaro Cuello Blanchar, por su implicación en un contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La decisión de la Corte, que absolvió al ex mandatario Hernando David Deluque Freyle, esta relacionada con irregularidades en el “Convenio de Cooperación” entre la gobernación y la Constructora Limos.
Según la sentencia, se halló a Cuello Blanchar como responsable de transgredir los principios de planeación, transparencia y selección objetiva en el trámite y celebración del convenio para construir 150 viviendas de interés social en la urbanización Villa Sharín en Riohacha y Valledupar. La Corte determinó que el ex gobernador desatendió su deber de garantizar la selección, evaluación y aprobación del proyecto y constructor.
#SalaDePrimeraInstancia condena a 6 años de prisión al exgobernador de la #Guajira, Álvaro Cuello Blanchar, entre otras irregularidades, por ofertar y consentir un proyecto de viviendas de interés social que carecía de redes de alcantarillado. Ver➡️: https://t.co/a2hJMRw41s pic.twitter.com/iuxJkGMOXl
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) November 15, 2023
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Hubo contratación irregular
La sentencia señala que Cuello “ofertó y consintió la ejecución de un proyecto de vivienda de interés social que carecía de redes de alcantarillado, lo cual desencadenó una problemática social e hidrosanitaria de gran impacto”. La corte consideró que estas acciones violaron los principios fundamentales de ejecución de proyectos estatales.
En relación con el ex gobernador Hernando Deluque, la Corte lo absolvió del cargo de peculado por apropiación en favor de la Constructora Limos. Deluque Freyle se le acusó por su supuesta participación en el periodo comprendido entre febrero de 2001 y mayo de 2002. La sala concluyó que Deluque actuó en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato suscrito por su antecesor, el cual le imponía el deber de cancelar los peculios cuestionados, previa verificación de ciertos requisitos, verificados y acreditados por la interventoría del proyecto.
Esta sentencia es un claro mensaje sobre la importancia del cumplimiento rigoroso de los requisitos legales en la ejecución de los proyectos estatales, subrayando las consecuencias para aquellos funcionarios que no cumplen con dichas obligaciones.
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