La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Carolina Pirazán Suesca, quien se desempeñó como secretaria de la Personería de Siachoque entre 2012 y 2024, por su presunta implicación en la apropiación indebida de 30 millones de pesos. Este dinero fue entregado por un ciudadano en el marco de una conciliación que contaba con el acompañamiento de la entidad.
La funcionaria, al parecer, utilizó su cargo para ganarse la confianza del ciudadano, recibir los recursos y expedir un recibo manuscrito con la supuesta intención de transferirlos a la otra parte involucrada en la conciliación. Sin embargo, la entrega nunca se realizó, y los fondos tampoco fueron restituidos a su propietario original, lo que sugiere que fueron apropiados para beneficio personal.
El cargo imputado a Pirazán Suesca está relacionado con la extralimitación de funciones, pues la conciliación no estaba dentro de sus competencias. Además, la conducta se ajusta a la descripción del delito de peculado por apropiación, por lo que la falta fue catalogada como gravísima y cometida con dolo.
Las evidencias de estas maniobras irregulares fueron recopiladas en una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Seccional de Boyacá. Dicho ente judicial encontró pruebas contundentes que sugieren que Pirazán Suesca incurrió en un acto de corrupción deliberado y planificado. Según lo determinado, la exsecretaria actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad de sus acciones y con intención de apropiarse indebidamente del dinero.
En julio del año pasado, reveló detalles sobre este caso, generando un fuerte impacto en la opinión pública. Como consecuencia de esta exposición mediática y de las pruebas recolectadas por la Fiscalía, un juez le impuso medida de aseguramiento en modalidad de detención domiciliaria.
Este escándalo subraya la necesidad de reforzar los controles internos dentro de las entidades públicas para evitar que funcionarios abusen de su poder en perjuicio de la ciudadanía. También resalta la urgencia de que los organismos de control actúen con mayor celeridad para sancionar actos de corrupción y garantizar que estos no queden impunes. La ciudadanía espera que la Procuraduría imponga una sanción ejemplarizante, que sirva como advertencia a otros servidores públicos tentados por la corrupción.
