Desde prisión, Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor jurídico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y exjefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación de Nariño, ha entregado a la Fiscalía General de la Nación una matriz de colaboración que contiene declaraciones y documentos que, de tener respaldo probatorio, podrían comprometer a figuras políticas de alto perfil, entre ellas al precandidato presidencial Camilo Romero.
¿Quién es Pedro Rodríguez y qué implica su declaración?
- Rodríguez está en prisión por delitos como falsedad en documento público y concierto para delinquir.
- Ha firmado un principio de oportunidad con la Fiscalía, lo que significa que puede recibir beneficios procesales si proporciona información útil y verificable.
- En la matriz de colaboración, Rodríguez relata presuntas irregularidades que incluyen sobrecostos, favorecimientos, direccionamiento de contratos, modificaciones inadecuadas a convenios interadministrativos, designaciones directas sin licitación, etc.
Irregularidades señaladas
Algunas de las irregularidades que Rodríguez atribuye en su declaración:
- Reconstrucción de Mocoa (Putumayo): Convenios interadministrativos modificados para adjudicar directamente contratos. Por ejemplo, el proyecto de casi mil viviendas en el predio Sauces 2 fue adjudicado al arquitecto Ramón España Gutiérrez, al que se le pone en duda la idoneidad.
- Contrato de la licorera en Nariño: Rodríguez acusa que durante la Gobernación de Camilo Romero (2016), un contrato para la compra-venta de licores fue favorecido para una empresa local, Organización de Licores de Nariño (OLN SAS), presuntamente como parte de compromisos de campaña, aportes logísticos y económicos, y con participación de intermediarios. Supuestamente, un decreto (número 364 del 24 de agosto de 2016) fue usado para fijar condiciones favorables, incluidas omisiones y posibles faltas en los criterios de selección.
- Rol de intermediarios: Rodríguez afirma que Andrés Felipe Arango Romero, primo del entonces gobernador, actuó como nexo o intermediario entre Camilo Romero y empresarios implicados, para concretar acuerdos.
- Modificaciones contractuales sin licitación: Convenios modificados o adjudicaciones directas en la UNGRD a contratistas específicos en los procesos de reconstrucción y de atención a zonas afectadas por desastres, con consecuencias en cumplimiento, transparencia y uso de recursos públicos.
La postura de Camilo Romero
- Romero rechaza los señalamientos. Asegura que en los ocho años durante los cuales se ha investigado el tema no se ha encontrado una sola prueba que lo vincule directamente con instrucciones ilícitas.
- Presentó un audio en el que, según su defensa, Rodríguez reconoce que nunca recibió instrucciones ilegales de su parte.
- Sostiene que los procesos en su contra obedecen a una retaliación política o “lawfare” (uso político de procesos judiciales), afirmando que los señalamientos son parte de una estrategia para debilitar su liderazgo político.
Estado del proceso judicial
- La matriz de colaboración presentada es una pieza clave: si se valida, puede servir para sustentar investigaciones formales que comprometan responsabilidades, dependiendo de pruebas documentales, testimonios adicionales, verificaciones periciales, etc.
- A la fecha no se ha dictado sentencia respecto de esos señalamientos en contra de Romero dentro del caso de la UNGRD, aunque el caso de la licorera ha sido objeto de investigaciones.
- La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía están involucradas. Romero tiene un juicio penal en curso respecto al contrato de compraventa de licores en Nariño.
Importancia política y social
- Este caso se inserta en un escándalo mayor: el de la UNGRD, que ha implicado corrupción en contratos de gestión de riesgo, compras de carrotanques, financiamiento político y apoyo legislativo al gobierno nacional.
- La imagen pública de Camilo Romero puede verse afectada si emergen pruebas, en particular porque él se presenta como candidato al poder presidencial bajo discursos anticorrupción.
- Para la ciudadanía, hay preocupación por el uso de recursos públicos, transparencia, el papel de la justicia y la credibilidad de las instituciones investigativas.
Qué sigue
- Verificación de lo que declaró Rodríguez: la Fiscalía tendrá que comprobar con documentos (decretos, contratos, actas, auditorías) que esos señalamientos tienen sustento.
- Posible audiencia para avalar el principio de oportunidad, que definiría si Rodríguez queda como colaborador judicial con ventajas procesales.
- Continuación del juicio penal contra Romero sobre el contrato de licores.
- Impacto electoral, ya que Romero está en campaña como precandidato presidencial; estos hechos podrían pesar en la opinión pública.
