Denuncian irregularidades en millonarios contratos públicos, abandono de infraestructura y promesas incumplidas, reflejando una gestión ineficiente que agrava la crisis social y económica de la región.
En los últimos días, la Veeduría Nacional No a la Corrupción ha denunciado presuntas irregularidades en un contrato de la Gobernación de Boyacá, cuyo valor supera los 85.000 millones de pesos. La acusación, divulgada a través de un oficio enviado a medios de comunicación, expone posibles sobrecostos y falta de transparencia en el proceso de adjudicación para la adquisición de kits de maquinaria destinados al mantenimiento de la infraestructura vial del departamento.
Según diversas opiniones recogidas en la región, la denuncia no sorprende a la opinión pública, ya que la percepción generalizada es que este tipo de irregularidades son recurrentes en la administración pública regional. El escepticismo ciudadano se fundamenta en antecedentes de adjudicaciones cuestionables, que han dejado dudas sobre el manejo transparente de los recursos públicos.
El problema de la corrupción en Boyacá no se limita a este caso. A lo largo de los años, diversas denuncias han evidenciado el descontrol en la ejecución de contratos, el direccionamiento de licitaciones y la falta de vigilancia sobre los proyectos financiados con dinero público. Pese a ello, las respuestas oficiales suelen centrarse en desestimar las acusaciones, atribuyéndolas a intereses políticos opositores, en lugar de garantizar una investigación exhaustiva.
El gobernador Carlos Amaya ha salido al paso de estas críticas, asegurando que su administración trabaja con transparencia y que los contratos suscritos cumplen con la normatividad vigente. Sin embargo, la preocupación ciudadana persiste, pues no es la primera vez que se presentan señalamientos sobre el manejo de los recursos departamentales.
El Estadio de la Independencia: un reflejo del abandono Más allá de los contratos cuestionables, otra problemática que afecta al departamento es el deterioro de la infraestructura pública. Un ejemplo es el Estadio de la Independencia de Tunja, que debería ser un referente deportivo y que, en cambio, se ha convertido en un símbolo de abandono. Las promesas de modernización han quedado en anuncios sin ejecución, mientras que la capital boyacense sigue padeciendo la falta de inversión y mantenimiento.
Durante la reciente rendición de cuentas de Carlos Amaya, las cifras presentadas no lograron disipar las críticas. Más que avances, la atención se centró en las omisiones. Entre los temas ignorados estuvo el preocupante aumento de la violencia contra mujeres y niñas en 2024, año que registró las tasas más altas en el departamento. Además, la implementación de la política pública de mujeres, que debería estar avanzada, apenas ha cumplido un 57% de sus objetivos en una década.
Desconexión con el sector rural Las zonas rurales tampoco han estado exentas de desilusiones. Un caso representativo es el de las motocultoras entregadas a campesinos como parte de un programa de apoyo al agro. Sin embargo, muchos beneficiarios han encontrado que el costo de mantenimiento de estas máquinas supera los beneficios que ofrecen, lo que ha llevado a que sean revendidas en lugar de utilizadas en el campo. Esta situación evidencia la falta de una planificación acorde a las necesidades reales de los agricultores y refuerza la percepción de que las estrategias gubernamentales carecen de impacto tangible.
Carlos Amaya ha insistido en que su gobierno busca atender las necesidades del sector rural y ha anunciado nuevas estrategias para mejorar la infraestructura y el acceso a tecnología en el campo. No obstante, para muchos campesinos, los resultados siguen sin ser visibles. Ante las constantes críticas, Amaya ha reiterado que su administración está comprometida con la transparencia y el desarrollo del departamento. Sin embargo, la falta de avances concretos sigue generando desconfianza en la ciudadanía.
Urge mayor transparencia y compromiso Las recientes denuncias y problemáticas evidenciadas en Boyacá reflejan la necesidad de una administración pública más eficiente y honesta. Es fundamental que las denuncias de corrupción sean investigadas con rigor, que las promesas de desarrollo se materialicen en obras reales y que la ciudadanía deje de ser espectadora de una gestión caracterizada por la ineficiencia y la falta de resultados concretos. Solo así podrá recuperarse la confianza en las instituciones y garantizar que los recursos sean utilizados en beneficio de la población.