La red criminal generó ganancias superiores a los 1.200 millones de pesos mediante extorsiones y la comercialización ilegal dentro de los penales.
Un operativo conjunto realizado por la Policía Nacional, la Sijin, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Investigativa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) resultó en la captura de 15 personas involucradas en la comercialización ilegal de productos dentro de las cárceles de Bogotá y otras regiones del país. Las autoridades realizaron más de ocho allanamientos en distintos centros penitenciarios y sitios clave de la capital, dando un golpe certero a una red de corrupción que operaba desde hace más de dos años.
Según fuentes, la investigación se inició en febrero de 2025, cuando un grupo de inteligencia del Inpec, en colaboración con la Fiscalía, detectó varias irregularidades dentro de la cárcel La Picota de Bogotá. Fue entonces cuando se puso en marcha la «Operación Dominó», diseñada para frenar la corrupción y la extorsión contra los internos más peligrosos y los funcionarios de la cárcel. Sin embargo, tras la detección de nuevos elementos de corrupción, se implementó una segunda fase de la operación, denominada «Operación Rancho Picota», centrada específicamente en la criminalidad de los funcionarios penitenciarios.
La investigación reveló que siete dragoneantes del Inpec habían establecido vínculos con internos, a quienes no solo les permitían el ingreso de productos legales, sino que también facilitaban el tráfico de objetos prohibidos, como licor y drogas. Además, los funcionarios involucrados en la red delictiva trabajaban en complicidad con varios de sus familiares, de los cuales ocho también fueron detenidos.
El modus operandi de los implicados consistía en cobrar a los internos por permitirles el acceso a todo tipo de objetos, tanto legales como ilegales. Estos productos eran distribuidos a través de un pequeño puesto de alimentos conocido como «el expendio», que, en realidad, servía como fachada para la comercialización de estos artículos prohibidos. Se estima que la red criminal generaba ganancias mensuales de entre 20 y 30 millones de pesos, los cuales eran canalizados a través de plataformas de pago digital como Nequi y Daviplata.
Tras más de dos años de actividad delictiva, la banda criminal habría obtenido más de 1.200 millones de pesos. Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías y la Fiscalía les imputará cargos por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y concusión.
Este operativo resalta la gravedad de la corrupción dentro de las cárceles del país y la implicación de funcionarios encargados de velar por la seguridad y el orden dentro de las instituciones penitenciarias.
