En menos de 24 horas, el caso UNGRD sacudió el escenario político. La Corte Suprema ordenó la captura de Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso. Los acusan de recibir millonarios sobornos para apoyar reformas del Gobierno. Paralelamente, la Fiscalía imputó a María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda. Corrupción en la UNGRD: Dos congresistas presos y faltan nombres clave.
La justicia avanza, pero aún hay figuras clave sin cargos. Testigos como Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, han entregado nombres y pruebas. Sin embargo, la Fiscalía no ha tocado a algunos de los más cercanos al Palacio de Nariño.
¿Dónde está Ricardo Bonilla en el expediente?
Uno de los nombres que más resalta es el del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. La exfuncionaria Benavides declaró que Bonilla habría autorizado giros por $700.000 millones. Parte de esos recursos terminaron en el escandaloso contrato de los carrotanques para La Guajira.
A pesar de estas revelaciones, la Fiscalía aún no lo ha llamado a rendir cuentas. La oposición y algunos analistas cuestionan el silencio del ente investigador frente a quien, supuestamente, facilitó el dinero para comprar apoyos legislativos.
El exjefe de la Función Pública, César Manrique, también está en la mira. Según la condena contra Sneyder Pinilla, desvió recursos de la Agencia Nacional de Tierras hacia la UNGRD. Otro nombre que aparece es Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, señalado de ordenar pagos por $4.000 millones a congresistas.
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Se esperan más imputaciones desde el círculo de Petro; Corrupción en la UNGRD: Dos congresistas presos y faltan nombres clave
Las capturas de Name y Calle, hoy en “el congresito” de La Picota, podrían ser solo el inicio. El Tiempo reveló que se alistan nuevas imputaciones contra figuras del llamado “sanedrín presidencial”.

Sandra Ortiz, única imputada por lavado de activos hasta ahora, habría entregado $3.000 millones a Name en una reunión en el hotel Tequendama. Ella también vinculó en una conversación al magistrado Vladimir Fernández, aunque este no ha sido investigado.
Otros nombres que podrían caer son Édgar Riveros, sus familiares Ana María y Sonia Rocío Riveros, y miembros de la Fundación Yapurutú, por su rol en contratos relacionados con la Agencia Nacional de Tierras.
La Fiscalía tiene en sus manos pruebas, audios y testimonios. La presión crece para que avance también contra quienes, desde el corazón del Gobierno, habrían permitido el desvío de millonarios recursos públicos.




