La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación previa para esclarecer presuntas irregularidades en un contrato celebrado entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según las denuncias, este convenio habría sido modificado de manera indebida, con el presunto propósito de reducir su valor en $100.000 millones y desviar recursos para beneficiar a algunos funcionarios públicos.
Investigaciones
La indagación se centra en posibles actos de corrupción relacionados con la modificación de un acuerdo existente entre las dos entidades. Según la Sala de Instrucción Disciplinaria de la Procuraduría, las denuncias señalan que los cambios al contrato no solo habrían reducido su monto, sino también facilitado el desvío de recursos hacia intereses particulares.
El organismo de control busca determinar la participación de exdirectivos de la UNGRD, entre ellos Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como del funcionario Luis Barreto, en los presuntos actos irregulares. También se investigará si otros servidores públicos de la Agencia Nacional de Tierras y el Departamento Administrativo de la Función Pública estuvieron implicados en esta operación.
Presuntas irregularidades
Según las primeras versiones, se sospecha que un porcentaje equivalente al 7% del valor total del contrato habría sido destinado al pago de sobornos. Además, se investiga la posible asignación de anticipos irregulares como parte del esquema de desvío de recursos. La Procuraduría está examinando si estos fondos fueron utilizados para favorecer a funcionarios específicos o terceros vinculados al contrato.
El organismo también intenta identificar la cadena de decisiones y acuerdos que habrían facilitado estas acciones, además de evaluar si los implicados actuaron bajo causales de exclusión de responsabilidad.
Contexto
Este caso forma parte de una serie de investigaciones más amplias que la Procuraduría está desarrollando en torno a la gestión de la UNGRD bajo la dirección de Olmedo López. En los últimos meses, la unidad ha enfrentado múltiples cuestionamientos por presuntas irregularidades en la ejecución de contratos y administración de recursos destinados a la atención de desastres naturales.
En este caso particular, la Procuraduría busca determinar si las modificaciones al contrato constituyeron faltas disciplinarias graves y si hubo una violación de los principios de transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos.
