Carolina Miranda afronta señalamientos por polémicas actuaciones en proceso policivo rural.
La Procuraduría General de la Nación decidió iniciar una investigación disciplinaria en contra de la corregidora de Payandé, en jurisdicción de San Luis, Tolima, Carolina García Miranda, señalada de incurrir en presunta extralimitación de funciones dentro de un proceso policivo que se desarrolló entre 2024 y 2025 por perturbación a la posesión del predio conocido como ‘Chaparro’.
Las actuaciones denunciadas habrían sido determinantes para que el caso adquiriera especial relevancia entre las comunidades rurales de la zona. Las advertencias elevadas por el afectado indican que la funcionaria habría seguido interviniendo en etapas que, según la denuncia, ya correspondían a las autoridades de la alcaldía municipal para resolver en segunda instancia las decisiones previas.
El expediente señala que el proceso policivo involucraba a ciudadanos particulares y a uniformados de la Policía Nacional que participaron en diligencias de verificación en medio de una disputa territorial que, desde su inicio, generó tensiones entre las partes. La participación activa de García Miranda en momentos posteriores habría sido interpretada por el denunciante como una intervención irregular que modificó el curso tradicional del trámite definido por la normativa vigente.
Ese señalamiento fue trasladado al ente de control con el fin de determinar si existió un ejercicio indebido de la autoridad por parte de la corregidora. Los documentos anexados buscan sustentar la presunta ruptura del procedimiento administrativo.
El organismo disciplinario ordenó la recopilación de diferentes pruebas orientadas a clarificar lo ocurrido durante el proceso y establecer si los hechos incluyeron operativos sin autorización judicial, así como actuaciones que, según la víctima, derivaron en detenciones arbitrarias y agresiones físicas en contra de integrantes de una familia campesina asociada al predio en disputa.
La Procuraduría pretende verificar si esas diligencias, ejecutadas de manera presuntamente irregular, pudieron constituir un abuso de autoridad que comprometiera directamente los derechos fundamentales de las personas involucradas dentro del caso. El objetivo del análisis es contrastar los elementos aportados por la queja con las versiones oficiales que serán solicitadas en el desarrollo de la actuación disciplinaria.
