El mayor Andrés Bernal, comandante de la estación de Policía de Kennedy, está en el centro de una investigación disciplinaria tras ser señalado como el presunto responsable de agredir físicamente a una patrullera en el CAI Oneida. Según informes preliminares, la uniformada sufrió lesiones visibles en su cuerpo, entre ellas una laceración en la mano izquierda y marcas en el cuello, lo que sugiere un acto de violencia dentro de la misma institución. Este hecho ha generado preocupación sobre el trato que reciben las mujeres dentro de la fuerza pública y ha puesto en entredicho los protocolos de respeto y convivencia en la Policía Nacional.
El incidente habría ocurrido en circunstancias aún no esclarecidas, pero lo cierto es que la patrullera tuvo que ser trasladada al Hospital Central de la Policía Nacional, donde recibió atención médica inmediata. Tras la denuncia, la institución activó la ruta de atención para víctimas de violencia de género y le asignó un grupo interdisciplinario que le brindará acompañamiento psicológico y jurídico. El caso ha generado indignación, especialmente porque involucra a un oficial de alto rango, lo que pone en tela de juicio el compromiso de la institución con el respeto a los derechos de las mujeres en sus filas.
Desde la Policía Nacional han asegurado que este tipo de conductas no serán toleradas y que, de confirmarse la responsabilidad del mayor Bernal, se aplicarán las sanciones disciplinarias correspondientes. En el marco de la investigación, se están recopilando testimonios y revisando evidencias que permitan determinar lo sucedido con exactitud. Este caso ha encendido las alarmas sobre posibles situaciones de abuso de poder dentro de la institución y la falta de garantías para que las mujeres policías puedan denunciar sin temor a represalias.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el comandante Andrés Bernal no ha dado declaraciones al respecto y, hasta el momento, no ha respondido a las solicitudes de los medios de comunicación para esclarecer lo sucedido. Por su parte, la patrullera afectada expresó que no puede hablar sobre el caso debido a restricciones internas de la institución. Esto ha generado aún más cuestionamientos sobre cómo se está manejando la situación dentro de la Policía y si realmente existe un respaldo para las víctimas de agresión en sus filas.
Mientras la investigación avanza, diferentes sectores han pedido que se haga justicia y que no se permita la impunidad en este caso. Organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas han exigido que la Policía Nacional garantice una investigación transparente y que no se encubra a los responsables. En los próximos días se espera que las autoridades determinen si el mayor Bernal deberá enfrentar sanciones disciplinarias o incluso cargos penales por el presunto maltrato, lo que podría marcar un precedente sobre cómo se manejan estos casos dentro de la institución.
