Comunidades del centro del Cauca llaman a la unidad para frenar el proyecto vial que afectaría directamente su movilidad y economía.
Asamblea abierta este jueves 19 de junio
Preocupados por las implicaciones sociales y económicas que traería la instalación de una caseta de peaje en su territorio, los habitantes de la vereda El Túnel, en el municipio de Cajibío (Cauca), han convocado una asamblea urgente. El encuentro tendrá lugar el próximo jueves 19 de junio a las 9:00 a.m. en el salón comunal de la vereda y busca coordinar acciones legales para frenar el avance de este proyecto vial.
Presencia institucional y defensa colectiva
Uno de los principales invitados a esta reunión es el Defensor del Pueblo del Cauca, Daniel Molano Piamba, quien escuchará directamente las inquietudes de las comunidades afectadas. Se espera que durante la jornada se definan estrategias jurídicas, incluyendo la posibilidad de interponer una Acción Popular contra el proyecto liderado por el consorcio Nuevo Cauca, el cual busca ubicar un peaje en el kilómetro 17+200 de esta vía.
Impactos negativos en la región
La instalación del peaje generaría, según líderes comunitarios, una afectación directa a los derechos de movilidad, acceso al trabajo y dinamismo económico de los municipios vecinos. Los habitantes denuncian que no han sido debidamente consultados y que la implementación del proyecto representa una carga injusta para poblaciones ya golpeadas por el abandono estatal.
Llamado a la unidad regional
Los convocantes han hecho un llamado amplio a las Juntas de Acción Comunal, autoridades indígenas, consejos comunitarios y líderes sociales de municipios como Morales, Piendamó, Silvia y Toribío. La meta es unir fuerzas y ejercer presión legal y social para frenar lo que califican como un atentado contra el bienestar colectivo del centro del departamento.
El territorio como derecho, no como negocio
La comunidad insiste en que esta es una lucha por el respeto a sus derechos fundamentales, a la libre circulación y a la autodeterminación territorial. La asamblea es solo el primer paso de una serie de acciones que podrían escalar si el proyecto continúa sin consultar a quienes se verán directamente afectados.
