En Palermo, la reciente firma del convenio entre la administración municipal y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) ha abierto un nuevo frente de tensión política y ciudadana. El acuerdo, que supera los mil millones de pesos, busca actualizar el catastro del municipio, inalterado desde 2009. Sin embargo, lejos de ser recibido como un avance en materia de orden fiscal, ha desatado una fuerte inconformidad entre los habitantes, quienes cuestionan tanto las formas como las consecuencias de la decisión.
La medida implicará que más de 5.800 predios entren a tributar bajo el impuesto predial, con la promesa de fortalecer las arcas municipales en más de dos mil millones de pesos anuales. Pero la comunidad asegura que el costo de esta “justicia tributaria” recae desproporcionadamente sobre sectores que ya enfrentan una alta carga impositiva. “Mientras algunos llevamos más de 15 años pagando estratos altos, otros nuevos desarrollos se benefician con condiciones más bajas”, afirman líderes ciudadanos que sienten el proceso como un golpe a la equidad real.
El alcalde Kleiver Oviedo ha intentado desmarcarse de las críticas defendiendo el convenio como una herramienta de equilibrio financiero y desarrollo. “No buscamos enemigos, sino justicia tributaria y equidad en el pago de impuestos”, declaró, insistiendo en que los recursos recaudados se destinarán a obras prioritarias como vías, parques y servicios básicos. No obstante, su discurso no logra calmar el malestar de quienes perciben que el afán recaudador prima sobre la realidad social del municipio.
Debate
Más allá de los tecnicismos, el debate tiene un trasfondo político inevitable. La comunidad cuestiona si el mandatario realmente escuchó a la población antes de firmar un acuerdo de tal magnitud. Para muchos, el anuncio llegó como una imposición y no como el resultado de un consenso social. Este vacío de participación fortalece la percepción de un gobierno distante, que habla de equidad mientras enfrenta calles llenas de inconformes.
El tema tributario ha sido históricamente un terreno minado en municipios con profundas brechas socioeconómicas. Palermo no es la excepción, y la actualización catastral se convierte ahora en un símbolo de la tensión entre la necesidad de aumentar los ingresos públicos y la justicia social. El riesgo para Oviedo no solo es económico, sino también político: cargar con el costo de una decisión impopular que, aunque necesaria para la modernización fiscal, lo distancia de la confianza de sus gobernados.
Mientras tanto, el convenio con el IGAC avanza, pero la duda persiste: ¿será esta la llave que abra las puertas del desarrollo municipal o el inicio de una fractura más honda entre la administración y la comunidad? Por ahora, las calles de Palermo tienen claro un mensaje: no buscan enemigos, sino un trato tributario justo y transparente.