La Personería Municipal de Popayán, dirigida por Lina Muñoz, vuelve a estar en el ojo del huracán tras cuestionamientos por no haber presentado su informe de gestión anual ante el Concejo, un requisito establecido en el artículo 178 de la Ley 136 de 1994. Este informe, de carácter obligatorio, permite al Concejo ejercer control político sobre la entidad encargada de velar por los derechos humanos, la vigilancia de la administración pública y la defensa del patrimonio ciudadano.
De acuerdo con la normativa, este informe no puede ser reemplazado por los ejercicios de rendición de cuentas a la ciudadanía, los cuales, aunque importantes, tienen un propósito diferente: promover la participación ciudadana y el control social.
El incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones disciplinarias y es visto por algunos concejales como un intento de evadir el escrutinio político. “No se puede confundir transparencia con espectáculo”, advirtió uno de ellos, señalando que la institucionalidad debe respetarse.
La omisión del informe ante el Concejo no solo pone en entredicho la gestión de la Personería, sino que también debilita la confianza pública en una entidad que debería ser ejemplo de legalidad y ética en Popayán.
