En los últimos meses, una creciente crisis humanitaria ha puesto al Gobierno bajo presión: según Medicina Legal, al menos 15 niños han muerto en operativos militares entre agosto y noviembre de 2025.
Estos operativos han sido coordinados en diversas zonas del país —entre ellas Guaviare, Amazonas y Arauca—, específicamente en regiones donde operan disidencias de las FARC. Uno de los casos más graves ocurrió el 10 de noviembre en Calamar (Guaviare), donde un bombardeo dejó siete menores fallecidos.
El hecho ha reavivado el debate sobre la responsabilidad del Estado en operaciones militares y su obligación de proteger a la población civil, especialmente a menores de edad. Diversos analistas han señalado la tensión entre la estrategia de seguridad y el respeto al Derecho Internacional Humanitario. Por ejemplo, el gobierno de Gustavo Petro ha defendido su política militar argumentando que es necesaria para contener a grupos armados ilegales, pero críticos aseguran que las acciones carecen de mecanismos adecuados para prevenir daños colaterales.
Organizaciones de derechos humanos también han manifestado su alarma: la participación de menores en grupos armados ilegales ha sido históricamente documentada, lo que sugiere que algunos de estos niños podrían estar vinculados a reclutamiento forzado, pero esto no exime al Estado del deber de proteger la vida infantil. Además, la reanudación de bombardeos, a pesar de las promesas de parar estas prácticas al inicio del gobierno, ha generado desconfianza entre sectores progresistas y de paz.
Por su parte, el Ejecutivo ha anunciado que revisará los protocolos operacionales y la identificación de objetivos para minimizar el daño sobre población no combatiente. No obstante, para muchas familias y organizaciones sociales, estas medidas llegan tarde, y reclaman justicia y reparaciones para las víctimas.
Este escándalo aparece en un momento políticamente delicado para el gobierno, que debe equilibrar su batalla contra los grupos armados con las promesas de paz y los derechos humanos, especialmente ante la mirada crítica de la comunidad internacional.
