Redacción EXTRA
La Procuraduría General de la Nación, representada por Samuel Benjamín Arrieta Buelvas, procurador delegado para la vigilancia preventiva de la función pública, ha requerido al Concejo de Cali la suspensión inmediata del proceso de elección del contralor distrital. Esta medida cautelar busca garantizar que todas las fases de la convocatoria se desarrollen con estricto apego a la ley, asegurando que la institucionalidad y la transparencia no sean vulneradas por errores administrativos que podrían generar consecuencias legales y sociales de gran relevancia.
Entre las irregularidades detectadas, el ente de control señaló que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) habría asumido funciones para las cuales no contaba con competencia legal. Según el informe, la universidad resolvió y notificó reclamaciones frente a la lista de aspirantes admitidos y no admitidos, sin que existiera un acto administrativo formal que delegara esas facultades, lo que constituye una vulneración al principio de legalidad y podría comprometer la validez de los resultados del concurso.
Convocatoria
Adicionalmente, la Procuraduría evidenció la falta de publicación previa del proyecto de convocatoria, así como la ausencia de divulgación de la lista definitiva de aspirantes, elementos esenciales que garantizan la igualdad de oportunidades y la participación ciudadana en procesos de selección de servidores públicos.
También se señaló que la Mesa Directiva del Concejo de Cali incumplió la obligación de comunicar oportunamente el cronograma ajustado del proceso y las resoluciones que sustentan la conformación de la terna final. Esta terna está integrada por Ligia Amanda Gallego Blandón, Diego Mauricio López Valencia y Gustavo Alberto Barrientos Velásquez.
La solicitud de suspensión temporal hecha por Samuel Benjamín Arrieta Buelvas tiene como finalidad proteger la integridad del proceso y garantizar que los pasos administrativos se ajusten plenamente a la normativa vigente. La Procuraduría enfatiza que cualquier irregularidad, por mínima que parezca, puede tener impactos significativos sobre la percepción pública, afectando la credibilidad del Concejo de Cali y debilitando la confianza de los ciudadanos en sus representantes y en los mecanismos institucionales de control.
Finalmente, la Procuraduría continuará monitoreando cada etapa del proceso de elección del contralor distrital y podrá emitir medidas adicionales en caso de confirmarse irregularidades. Esta vigilancia preventiva busca asegurar que la legalidad, la transparencia y la equidad no sean comprometidas, reafirmando el compromiso del Estado con la rectitud administrativa y la protección de los derechos de los ciudadanos frente a decisiones que impactan directamente en la gestión pública y la rendición de cuentas.
