Putumayo – A la par que avanzan las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y los Comandos de la Frontera, este grupo armado ha intensificado su control sobre la población en la región amazónica del Putumayo. Las medidas van desde vigilancia extrema y trabajos forzados hasta sanciones económicas por no asistir a reuniones comunitarias impuestas por el grupo.
A lo largo del río Putumayo, entre Puerto Asís y Puerto Leguízamo, los retenes ilegales de hombres armados se han vuelto frecuentes. Allí revisan celulares, inspeccionan conversaciones y controlan la movilidad. “Nadie entra sin que ellos lo sepan”, asegura un conductor fluvial de la zona.
El control se ha vuelto más riguroso tras la captura con fines de extradición de Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, quien era el principal líder del grupo. Aunque su detención no debilitó la estructura, sí afectó sus finanzas, especialmente en el negocio de la coca. Esto ha generado tensiones con grupos ecuatorianos como Los Choneros, que han comenzado a competir por la compra de pasta base con mejores precios, desatando violencia en territorios como San Miguel.
Imposición de normas y sanciones
Los Comandos han impuesto nuevas reglas en las comunidades campesinas e indígenas. Se exige la inclusión de uno de sus miembros en los grupos de WhatsApp de cada vereda y se ha intentado incluso carnetizar a la población. Aunque esta última medida fue rechazada en Villagarzón, en otras zonas como Puerto Leguízamo ha prosperado la imposición de “encuentros comunitarios” obligatorios, bajo amenaza de multas de hasta 900.000 pesos por inasistencia.
Además, se obliga a la población a realizar trabajos comunitarios no remunerados, como la construcción de vías, bajo amenaza de sanciones económicas si no cumplen las horas requeridas. “Es un día que no pueden jornalear, y eso agota a la gente”, dice una lideresa local.
Reforestación como fachada de paz
En paralelo, los Comandos han promovido campañas ambientales en algunas zonas del Bajo Putumayo. Aparecen letreros con sus siglas (CDF-EB) invitando a cuidar los ríos y no arrojar basura, mientras organizan jornadas de reforestación que, según defensores de derechos humanos, son forzadas. Todo esto, denuncian, hace parte de una estrategia para proyectar una imagen favorable en medio de los diálogos con el Gobierno.
La mesa de diálogo sigue su curso
Este 10 de abril se relanzó la mesa de diálogo desde La Hormiga. En ella se abordarán temas propuestos por el grupo armado, como la sustitución de cultivos ilícitos, la consolidación de una guardia campesina y proyectos de reforestación. Sin embargo, la propuesta de convertir a excombatientes en miembros de esa guardia ha generado preocupación en líderes sociales, que temen que se mantenga así el control territorial del grupo.
Mientras tanto, la extradición de Araña está pendiente de la firma del presidente Gustavo Petro, en un contexto en el que el grupo armado busca reposicionarse con nuevos liderazgos y un discurso de aparente compromiso ambiental, mientras mantiene férreo control sobre comunidades vulnerables del sur del país.
