En el marco de las sesiones ordinarias de la Asamblea de Nariño se llevó a cabo un debate de control político al programa denominado Huellas de Paz, el cual busca mejorar la conectividad rural y urbana, mediante la construcción asociativa de infraestructura vial.
En el recinto, se contó con la presencia de secretarios y subsecretarios del departamento, formadores, integrantes, representantes y presidentes de las Organizaciones de Acción Comunal, las y los diputados, y la comunidad en general.
En ese sentido las y los presidentes de las Organizaciones de Acción Comunal expresaron que los requerimientos del programa “Huellas para la Paz” no eran acordes con las razones y enfoques de las mismas, y que si bien se solicitó que se eliminara o rectificara cierta documentación que al analizarse no era viable para los convenios solidarios, no se obtuvo respuesta, lo que significó falta de garantías para los trabajos de las comunidades.
Los y las diputadas expresaron su preocupación por el retraso en el cronograma de la convocatoria y el presunto incumplimiento en la firma de convenios con las Organizaciones de Acción Comunal en Nariño. Subrayaron la necesidad de realizar estudios previos en los territorios y de comunicarse adecuadamente a la población, la cual, hasta el momento, no tiene conocimientos claros sobre las propuestas que fueron seleccionadas y que ya deberían estar en ejecución.
Como conclusiones y compromisos del encuentro, se estableció la devolución y habilitación de las oficinas a la representación de la vigencia comunitaria en Nariño, la implementación de una Política Pública de Acción comunal en el departamento y el desarrollo de capacitaciones asertivas dirigidas a las Organizaciones de Acción Comunal, en torno a la formulación y presentación de proyectos; la modificación y cumplimiento al cronograma establecido para la convocatoria “Huellas para la Paz”, la mejora y garantía de la comunicación con las comunidades, la descentralización de las personerías jurídicas para las Organizaciones de Acción Comunal; y la creación, por parte del Gobierno Departamental, de una ruta de atención y protección a los dignatarios comunitarios en los municipios del departamento de Nariño.
