La Procuraduría General de la Nación volvió a poner bajo la lupa a la administración municipal de Oporapa (Huila), tras formular pliego de cargos contra dos alcaldes el exmandatario Juan Carlos Ruales Ordóñez y el actual Marcos Molina Mazabel por el polémico Acuerdo 015 de 2022, que fijó una tarifa de impuesto de alumbrado público pese a haber sido declarado inválido por la justicia.
De acuerdo con la decisión conocida esta semana, la entidad considera que ambos mandatarios habrían desacatado una sentencia proferida el 31 de enero de 2023 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, que anuló dicho acuerdo por irregularidades en su aprobación. Aun así, la administración municipal habría continuado cobrando a los habitantes una tarifa que, jurídicamente, ya no tenía vigencia.
Desacato y silencio
En el caso del actual alcalde Marcos Molina Mazabel, la situación es más comprometida. Según el expediente, al ser requerido por la Procuraduría no presentó sus alegatos ni respondió los requerimientos del organismo de control. Este silencio, interpretado como falta de colaboración con la investigación, derivó en la formulación directa del pliego de cargos.
Por su parte, el exalcalde Ruales Ordóñez es señalado de haber mantenido el cobro del tributo a pesar de conocer la decisión judicial. El proceso, inicialmente impulsado por una queja del personero municipal de Oporapa, Óscar Bermeo Peña, llevó a la Procuraduría Provincial de Garzón a abrir la investigación que hoy sacude al municipio.
La polémica no se detiene en los mandatarios. En el mismo documento, la Procuraduría ordenó abrir una investigación separada para los concejales de Oporapa, quienes debatieron, aprobaron y al parecer modificaron unilateralmente el proyecto de acuerdo que dio origen al tributo. Según el fallo del Tribunal, el Acuerdo 015 de 2022 fue elaborado con vicios de procedimiento y falta de soporte técnico, lo que terminó por anularlo completamente.
Proceso avanza
El pliego de cargos fue formulado por la entonces procuradora provincial María del Pilar Artunduaga Osorio, y ahora el expediente será remitido a la Procuraduría de Juzgamiento de Neiva, encargada de definir la responsabilidad disciplinaria de los implicados.
El caso abre un nuevo frente de cuestionamiento en Oporapa, un municipio donde la gestión pública parece moverse entre decisiones apresuradas y silencios institucionales. Si se comprueban las faltas, los mandatarios podrían enfrentar sanciones que van desde suspensión en el cargo hasta inhabilidad para ejercer funciones públicas, dependiendo de la gravedad de la conducta.
Mientras tanto, la comunidad oporapense sigue pagando las consecuencias de un conflicto administrativo que nació de una mala decisión política y que hoy vuelve a poner al municipio en el centro de la controversia departamental.