Un nuevo escándalo político sacude a Neiva tras la denuncia del concejal Abel Mendoza, quien reveló presuntas irregularidades en la contratación pública durante la vigencia 2025, con un nivel de riesgo catalogado como alto y más de $10.384 millones bajo sospecha.
Señalamientos
El análisis, basado en datos del SECOP II y metodologías de la Fiscalía y la UNODC, expone situaciones que generan serias dudas. Entre ellas, destaca el caso de FOMCULTURA, entidad de carácter cultural que habría recibido 20 contratos directos para ejecutar actividades ajenas a su objeto misional, como seguridad vial.
En el sector educativo, la alerta es aún mayor: el 96,9% de los contratos se adjudicaron de forma directa, eliminando prácticamente la competencia pública. Este patrón, según Mendoza, abre la puerta a prácticas que debilitan la transparencia.
Otro punto crítico se evidencia en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), donde se reporta un gasto de $533 millones en supervisión frente a solo $282 millones en ejecución, lo que plantea interrogantes sobre la eficiencia en el uso de los recursos.
Concentración
El informe también señala que la empresa SOTRANSVEGA concentra el 100% del transporte escolar por más de $4.800 millones, sin competencia visible. En movilidad, el 87,7% de los contratos se realizaron de manera directa, utilizando convenios interadministrativos que, según la denuncia, podrían estar evitando procesos licitatorios.
Estos hallazgos configuran, según el cabildante, un patrón sistemático que requiere revisión urgente por parte de los organismos de control.
El concejal anunció que llevará estos hechos a debate de control político en el Concejo de Neiva y pidió la intervención de la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía. La polémica no solo pone en tela de juicio la transparencia administrativa, sino que plantea un desafío directo a la confianza ciudadana frente al manejo de los recursos públicos.
