Debido a una ardua investigación realizada por la Contraloría municipal de Villavicencio, se hallaron sobrecostos y un posible detrimento patrimonial por más de 120 millones de pesos en un contrato de arrendamiento entre la Alcaldía municipal y un hotel.
Investigación
Se trata del edificio Saboy, el cual está ubicado sobre la calle 41 con carrera 31 en la capital del Meta, y que sirvió como sede de campaña del actual alcalde de la ciudad Juan Felipe Harman, y que actualmente es utilizado para albergar otras dependencias.
De acuerdo al ministerio Público, después de realizada una profunda investigación, se logró establecer que en el contrato 408 del año 2021, el cual está por un total de 10 meses, presenta un sobrecosto de más de 120 millones de pesos, los cuales deberán ser devueltos a las arcas de la ciudad.
Detrimento
Dice la Contraloría que los sobrecostos en el contrato provendrían de los cánones de arrendamiento, los cuales equivalen a 17 millones de pesos mensuales, los cuales al cabo de casi 11 meses, daría un valor cercano a los 180 millones de pesos.
Sin embargo, en el contrato firmado por ambas partes se determina que el valor total sería de 309 millones, por lo que no se explican a qué se debe el incremento de más de 120 millones en el pago final del contrato.
Contrato
También en la investigación hecha por el ente fiscal, se determinó que la estructura compuesta por el edificio, existen cinco locales comerciales los cuales están siendo arrendados a terceros por un valor cercano a los cuatro millones de pesos.
Sin embargo, la alcaldía estaría pagando todo el arriendo del inmueble, incluyendo los locales comerciales que ya están siendo usados por diferentes empresas, por lo que se llegó a la conclusión que esto constituye un daño fiscal al pagar una estructura que no está siendo utilizada en su totalidad, lo que estaría representado otra pérdida de casi 35 millones de pesos por parte de la administración municipal.
Responsables
Entre los involucrados y posibles responsables de este detrimento patrimonial, según la Contraloría se encuentran: el secretario de Desarrollo Institucional de la Alcaldía, dos supervisores del contrato y la persona que parecer como arrendatario del inmueble, los cuales estarían incurriendo en una falta grave.
