Una nueva controversia sacude al país luego de que el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, revelara que el Gobierno nacional ha firmado 81 contratos por más de 314 mil millones de pesos con organizaciones indígenas, entre ellas el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Lo que más preocupa es que muchos de estos convenios habrían sido adjudicados sin procesos de licitación pública, lo que encendió las alarmas sobre la transparencia y el uso de recursos estatales.
En Popayán y varias zonas del Cauca, el tema ha generado fuertes reacciones. Líderes comunitarios y organizaciones sociales han exigido a los entes de control una revisión exhaustiva de estos convenios. “Los recursos públicos deben estar auditados, así sean destinados a comunidades indígenas. Se necesita claridad, porque hay muchas necesidades insatisfechas en el Cauca”, dijo un vocero de una veeduría ciudadana en Popayán.
La Procuraduría abrió una indagación preliminar sobre varios de los contratos firmados por los ministerios del Interior, Ambiente y TIC, así como por la Corporación Autónoma Regional del Cauca. El debate no solo involucra a los altos niveles del Gobierno, sino también a las regiones donde se están ejecutando estos fondos, como Popayán, donde persisten problemas en salud, educación y conectividad.
En municipios del norte y sur del Cauca, líderes comunales y ciudadanos han empezado a cuestionar cómo se distribuyen estos millonarios recursos. En municipios como Toribío, Santander de Quilichao y Caldono, donde el CRIC tiene una presencia histórica, la preocupación radica en que los beneficios reales no se ven reflejados en las condiciones de vida de la población. “Aquí seguimos sin hospitales en condiciones dignas, sin acceso real a internet y con escuelas rurales abandonadas. ¿Dónde está la inversión?”, cuestionó una líder social de la zona.
