Contraloría reveló hallazgos sobre procesos contractuales de la USI durante Administración Municipal.
La gestión contractual de la Unidad de Salud de Ibagué (USI) volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que la Contraloría Municipal, liderada por Francy Johana Ardila, diera a conocer una serie de hallazgos relacionados con dos procesos de contratación adelantados durante el tiempo en que la entidad permanecía bajo la administración de la Alcaldía de Ibagué.
La auditoría se enfocó en los procesos de mínima cuantía No. 010 y 011 de 2025, cuyo propósito era la adquisición de muebles, equipos de oficina y mobiliario hospitalario para fortalecer la prestación de los servicios de salud. Sin embargo, el ente de control detectó presuntas irregularidades que apuntan a fallas en la planeación y estructuración de dichos procedimientos.
De acuerdo con el informe de auditoría, la USI dividió la compra de los elementos requeridos en dos procesos independientes sin que existiera un análisis técnico, económico o de mercado que justificara esa determinación. Según la Contraloría, durante la etapa precontractual no se evidenció un soporte que demostrara la necesidad de separar el objeto contractual.
El organismo de control señaló que la entidad no acreditó razones técnicas, jurídicas o relacionadas con el mercado que impidieran adelantar una sola contratación. Esta situación habría dejado al descubierto una ausencia de estudios previos sólidos y una deficiente planeación administrativa.
Además, la entidad fiscalizadora advirtió que la falta de sustento técnico generó dificultades que terminaron afectando el desarrollo de los contratos y su ejecución dentro de la vigencia fiscal correspondiente al año 2025.
Otro de los aspectos señalados por la Contraloría tiene que ver con el valor y la naturaleza del suministro contratado. Según el análisis realizado, las adquisiciones debieron tramitarse mediante un proceso de mayor cuantía y no bajo la modalidad utilizada.
Para el ente de control, esta situación evidencia errores en la estructuración contractual desde sus etapas iniciales, lo que habría derivado en el incumplimiento de los procedimientos legales que correspondían para este tipo de contratación.
Posteriormente, tras la intervención de la entidad por parte del Gobierno Nacional, la administración intervenida tomó la decisión de suspender los contratos. La medida fue adoptada con el propósito de evitar que se presentaran mayores inconvenientes o posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
Actualmente, todos los hechos identificados durante la auditoría son materia de revisión e investigación por parte de las autoridades competentes, que deberán establecer si existieron responsabilidades disciplinarias, fiscales o de otra índole derivadas de las decisiones adoptadas durante el proceso contractual.
