Procuraduría investiga a funcionarios de la Secretaría de Movilidad por irregularidades en contratos.
La Procuraduría General de la Nación ha anunciado la apertura de una indagación preliminar contra varios funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Bogotá debido a presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución del contrato para el diseño e implementación del nuevo software que gestiona los comparendos en la capital, lo que incluye la gestión de grúas y patios de inmovilización.
Investigación
Según el ente de control, las investigaciones se han iniciado tras denuncias activas de control político, que informaron sobre retrasos significativos en la entrega del ‘Sistema Fénix’, la plataforma destinada a optimizar el proceso de infracciones de tránsito en la ciudad. Aunque el software debía estar en funcionamiento desde 2022, aún tiene implementación, lo que podría representar un caso de detrimento patrimonial.
La Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción ha ordenado la recolección de pruebas para corroborar si se han incumplido normativas en los contratos estatales y determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados como Deyanira Ávila Moreno, ex secretaria de Movilidad. Este proceso busca esclarecer si hubo fallas en la ejecución del contrato que podrían haber perjudicado los recursos públicos.
Contrataciones
La Secretaría de Movilidad inició los contratos suscrito con el concesionario GYP S.A.S., encargado de la gestión de grúas y patios para vehículos inmovilizados en la capital desde 2018. Este contrato, que parecía ser una solución eficiente para el control del tráfico, ahora está bajo la lupa debido a presuntos manejos financieros que podrían haber derivado en un detrimento patrimonial significativo para la ciudad.
El contrato en cuestión ha generado ingresos millonarios, pero solo una pequeña fracción de estos habría llegado a las arcas del Distrito. Según los datos revelados, entre abril de 2018 y enero de 2024 se recaudaron 163 mil millones de pesos. Sin embargo, lo que preocupa a las autoridades es que apenas el 17,7% de estos recursos, equivalentes a 28 mil millones de pesos, habrían ingresado a la Secretaría de Movilidad, mientras que un abrumador 82,3% habría destinado al concesionario GYP S.A.S., que presuntamente habría recibido 134 mil millones de pesos.
Debate y cuestionamiento
Para esclarecer los hechos, la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción ha ordenado la recolección de pruebas que permitan determinar si hubo incumplimientos en las normativas de contratación estatal durante la ejecución de este contrato. La investigación se centrará en verificar las responsabilidades de los funcionarios involucrados y en evaluar las posibles consecuencias legales de estas irregularidades.
Ante esta situación, la Procuraduría indicó que intensificará su labor investigativa a los funcionarios de la administración de Claudia López, ordenando la recolección de pruebas, con el fin de revisar si estas desviaciones financieras corresponden a un desfalco que involucra a funcionarios públicos y, potencialmente, al propio Concejo de Bogotá.
