Vásquez alertó sobre millonaria inversión perdida en proyecto paralizado hace cuatro años.
Una fuerte denuncia sacudió el Congreso tras revelarse que en Girardot, Cundinamarca, el proyecto “Sacúdete y Crea”, valorado en más de 16.000 millones de pesos, se encuentra paralizado desde hace cuatro años. La representante Alexandra Vásquez afirmó que cerca de 7.000 millones ya fueron invertidos en la obra, sin que haya resultados tangibles.
El contrato fue adjudicado en diciembre de 2021 con un plazo inicial de ejecución de cuatro meses. No obstante, ha sido objeto de al menos siete prórrogas que han prolongado indefinidamente su cumplimiento. La contratista es la Unión Temporal Acaima, integrada por Olaguer Agudelo Prieto, Aitor Mirena De Larrauri Echevarría (30%) y la firma Asdico LTDA (70%), todos ellos señalados por presunto abandono de obras en otras zonas de Tolima y Cundinamarca.
Decisión
Según la denuncia, el alcalde Salomón Sair habría tomado la decisión de finalizar unilateralmente el contrato por incumplimiento, lo que plantea interrogantes sobre el destino de los fondos ya entregados. Esta medida busca reiniciar el proceso contractual desde cero, sin que haya certeza sobre la recuperación de los recursos ni garantías sobre una ejecución futura efectiva.
La situación generó alarma entre veedores y ciudadanos, quienes reclaman mayor transparencia en la contratación y ejecución de proyectos que buscan impactar positivamente el desarrollo urbano y social de la región.
Llamado
Desde el Congreso, Vásquez solicitó intervención de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General para ejercer control preventivo. El objetivo es esclarecer las responsabilidades y evitar que los fondos se pierdan en medio de procedimientos ineficaces o corruptos.
El abandono de este proyecto plantea una advertencia seria sobre el manejo de recursos en municipios claves como Girardot, centro económico y turístico del Alto Magdalena. La confianza ciudadana en las instituciones está en juego.
Impacto
Los datos revelados son contundentes: 7.000 millones comprometidos, 4 años de atraso, 7 prórrogas y ninguna ejecución visible. La ciudad necesita respuestas claras y un plan inmediato que garantice que los recursos públicos se usen con eficacia y transparencia.
El seguimiento a este caso será determinante para establecer precedentes y asegurar el cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia y rendición de cuentas en la gestión pública local.
