El pasado 6 de junio de 2025, el Ministerio del Interior firmó un contrato interadministrativo por $3.000 millones con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), con el objetivo de implementar la Política Pública Indígena en el departamento, como lo establece el Decreto 1811 de 2017. Lo que ha generado controversia es que, según el documento oficial, el CRIC no aportará recursos económicos ni materiales al convenio. Su contribución será simbólica: conocimientos ancestrales, cosmovisión espiritual, conexión con la Madre Tierra y saberes no enajenables.
El contrato, identificado como 1434-2025, fue suscrito por Jhoe Nilson Sauca Garrute y es supervisado por Roquelina Sabis Blanco Moscarella. El enfoque del acuerdo ha despertado fuertes cuestionamientos entre sectores ciudadanos que advierten un trato desigual por parte del Estado.
Mientras miles de caucanos campesinos, afros y habitantes urbanos padecen necesidades urgentes en salud, educación, agua potable y empleo, el Gobierno Nacional destina recursos significativos bajo criterios simbólicos que no impactan de forma directa otras poblaciones históricamente excluidas.
En municipios como Suárez, Patía, El Tambo o Inzá, muchas familias sobreviven con una sola comida al día y carecen de apoyo técnico o vías de acceso. La pregunta que surge es: ¿por qué hay recursos abundantes para unos sectores y olvido para otros?
Si bien se reconoce el valor cultural y espiritual de los pueblos indígenas, la crítica apunta a una distribución inequitativa de los recursos públicos, donde el poder de presión define quién recibe atención estatal. La promesa de un gobierno incluyente se enfrenta al reto de evitar exclusiones nuevas bajo el discurso del cambio.
