El contratista de Barranquilla, sin experiencia previa en el Tolima, no cumplió ninguna de las metas críticas, como la formalización de 100 títulos antes de agosto.
La Alcaldía de Ibagué está inmersa en un escándalo mayúsculo divulgado por el medio de comunicación El Olfato, por un contrato de $595 millones que, a pesar de los millonarios desembolsos, no ha entregado ni un solo título de propiedad a las familias vulnerables. Lo que debía ser una solución social para 250 predios se ha convertido en un caso de desorden administrativo y un potencial detrimento patrimonial.
El contrato, firmado en marzo de 2025 con la empresa Mendoza Lara y Consultores SAS, representada por el abogado Javier Enrique Mendoza Lara, ya pagó más del 60% de su valor, pero el expediente no muestra listados de beneficiarios, predios priorizados ni estudios concluidos.
El contratista de Barranquilla, sin experiencia previa en el Tolima, no cumplió ninguna de las metas críticas, como la formalización de 100 títulos antes de agosto. Pese a la ausencia total de avances, la Alcaldía autorizó pagos de $119 millones y $238 millones por informes que carecen de soportes verificables. Para colmo, el contrato fue suspendido en agosto justo antes de que venciera el plazo de incumplimiento, una decisión que funcionó como un «salvavidas» para el contratista, y que fue reactivado en noviembre sin ninguna justificación o evidencia que respaldara la solución de los problemas.
Adicionalmente, se reveló que la Alcaldía omitió el impuesto de timbre de un contrato que superaba el umbral legal, exponiendo al Municipio a multas y sanciones de la DIAN, lo que agrava el riesgo fiscal.
