MILLONARIA LICITACIÓN ENCIENDE POLÉMICA
La adjudicación se dará en medio de un déficit fiscal nacional del -0,7 % del PIB, el peor inicio de año desde 2004.
“EXTERNALIZAR SERVICIOS”
El Ministerio de Justicia y del Derecho se alista para adjudicar, el próximo 30 de abril, un contrato por 7.868 millones de pesos destinado a la contratación de un operador integral de logística y comunicaciones, encargado de ejecutar estrategias de promoción, divulgación y organización de eventos institucionales. Este proceso, cuya firma está prevista para el 5 de mayo y ejecución hasta el 26 de diciembre, representa una inversión mensual de aproximadamente 1.124 millones de pesos. La licitación busca externalizar servicios para desarrollar campañas de socialización de políticas públicas, planes y programas del Ministerio en todo el territorio nacional. El contratista deberá asumir la organización de actividades dirigidas a públicos diversos, incluyendo comunidades rurales, grupos étnicos, funcionarios judiciales y personas en situación de vulnerabilidad. Según cifras oficiales de contratación pública, este único proceso representa el 53 % del total contratado por la entidad entre el 1 de enero y el 8 de abril, lo que lo convierte en el acuerdo de mayor valor ejecutado por la cartera en lo que va del año.
Ángela María Buitrago, ministra de Justicia.
NECESIDADES SOCIALES URGENTES
La magnitud del gasto ha desatado críticas en diferentes sectores, especialmente por el contexto fiscal que atraviesa el país. El Gobierno Nacional ha advertido que el déficit actual exige medidas de austeridad, y el anteproyecto de presupuesto para 2026 contempla una reducción del gasto público equivalente a 5,5 billones de pesos. A ello se suma el análisis reciente del Banco de la República, que reveló que en enero de 2025 el déficit fiscal alcanzó el -0,7 % del PIB, una cifra sin precedentes desde 2004. En medio de estas cifras preocupantes, el contrato del Ministerio ha sido señalado como una muestra de desalineación entre las prioridades presupuestales y las necesidades sociales más urgentes. Aunque la ejecución del convenio incluye acciones de sensibilización institucional, posicionamiento en medios y desarrollo de campañas multiformato, para muchos resulta cuestionable que se privilegie este tipo de inversiones mientras se plantean recortes en sectores clave como salud, educación y protección social.
Ricardo Bonilla, funcionario de Hacienda.
MODIFICACIONES EN EL CRONOGRAMA
Pese a las críticas, el Ministerio defiende la contratación como una forma de optimizar los recursos disponibles, reducir cargas operativas internas y mejorar la calidad de la comunicación institucional al delegar en un profesional especializado. Entre los requisitos exigidos a los proponentes se encuentran la acreditación de mínimo tres contratos similares, incluyendo uno en el que hayan ejecutado un plan de medios; así como experiencia en producción audiovisual, eventos, diseño gráfico, fotografía, servicios de catering y difusión impresa y digital. Empresas como Universal Group Comunicaciones, Pezeta Publicidad, Royal Park SAS, Servimedios SAS, Quinta Generación SAS y Compensar han manifestado interés en el proceso y han hecho observaciones al pliego. Actualmente, la licitación se encuentra en la etapa de recepción y evaluación. Si el cronograma no sufre modificaciones, las propuestas serán conocidas el 14 de abril, se emitirá el informe de evaluación el 21 y la audiencia de adjudicación se llevará a cabo el 30 del mismo mes. El contrato, de concretarse, se ejecutará en plena coyuntura de vigilancia ciudadana y exigencia de mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República.
