Érika Palma enfrentó cargos disciplinarios por el cuestionado convenio con periodistas del IBAL.
La Procuraduría General de la Nación dio un paso firme en el proceso disciplinario contra Érika Melissa Palma Huertas, quien se desempeñó como gerente general y ordenadora del gasto de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El ente de control formuló pliego de cargos por presuntas irregularidades en la celebración y autorización de pago de un contrato de prestación de servicios profesionales suscrito en 2024, relacionado con asesorías estratégicas en comunicación institucional.
Según la investigación adelantada por la Provincial de Instrucción de Ibagué, la actuación de Palma habría desconocido las normas aplicables a la contratación estatal. El contrato, cuyo objeto era la generación, implementación y evaluación de planes estratégicos de comunicación en la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas del IBAL, se convirtió en el eje de las indagaciones disciplinarias.
El expediente señala que la funcionaria habría omitido las reglas de austeridad del gasto público, comprometiendo recursos sin cumplir plenamente los requisitos de idoneidad y perfil exigidos por la entidad. Además, se cuestiona la fijación y pago de honorarios que, presuntamente, superaron los topes establecidos para el perfil acreditado por el contratista.
La Procuraduría calificó provisionalmente la conducta como falta gravísima, cometida a título de dolo. Este señalamiento implica que, de comprobarse, la responsabilidad disciplinaria podría acarrear sanciones severas, enmarcadas en la defensa de la legalidad y la moralidad pública.
El organismo de control enfatizó que las actuaciones continuarán bajo el debido proceso, garantizando la defensa de la exgerente y la transparencia en cada etapa. La investigación busca determinar si la contratación vulneró principios básicos de la administración pública, como la eficiencia y la responsabilidad en el manejo de recursos.
El caso ha generado eco en la opinión pública, pues se trata de una entidad clave para la prestación de servicios esenciales en Ibagué. La Procuraduría, al visibilizar estas presuntas irregularidades, envía un mensaje sobre la vigilancia estricta en el uso de fondos públicos y la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno en las empresas oficiales.
La situación de Palma Huertas se convierte en un referente de cómo las decisiones administrativas pueden derivar en procesos disciplinarios de alto impacto, especialmente cuando se trata de contratos que involucran recursos estatales y que deben regirse por normas claras de transparencia y austeridad.
