La situación de inseguridad y amenazas que enfrentan los contratistas en el departamento del Meta se ha convertido en un tema alarmante. Según la Secretaría de Gobierno del Meta, liderada por Andrea Lizcano, más de 20 contratistas encargados de ejecutar obras públicas en la región han recibido amenazas de grupos al margen de la ley.
Problema creciente
Según la secretaria Lizcano, estos grupos han encontrado una vía fácil para obtener información sobre los contratistas y las obras que se desarrollan en la región mediante el acceso a plataformas públicas como el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). Esta herramienta, diseñada para promover la transparencia y el acceso a la información, se ha convertido en un recurso para los delincuentes, quienes aprovechan la información disponible para identificar y amenazar a los responsables de las obras.
Afectaciones
Entre las obras afectadas se encuentran la construcción de carreteras, puentes, instalaciones educativas y de salud. Muchos de estos proyectos, que ya enfrentaban demoras debido a problemas contractuales y financieros, ahora se enfrentan a la amenaza de suspensión o retraso indefinido si los contratistas no acceden a las demandas de los grupos extorsionistas.
Los contratistas han manifestado su preocupación por la falta de seguridad y apoyo por parte de las autoridades, indicando que, ahora deben destinar recursos adicionales para pagar las llamadas «vacunas» exigidas por los grupos armados.