En medio de la polémica por la fuga de varios detenidos a través de un hueco en la pared del centro de detención transitorio de Neiva, la administración del alcalde Germán Casagua renovó el contrato de arrendamiento del inmueble para toda la vigencia 2026. La decisión ha generado cuestionamientos por el momento en que se produjo y por los antecedentes del contratista beneficiado.
El contrato fue suscrito con Ing Services SAS, representada por Carlos Augusto Manrique Bahamón. Según registros mercantiles, la empresa fue constituida el 15 de agosto de 2025 con un capital de apenas cinco millones de pesos. Dos meses después firmó su primer contrato con la Alcaldía por 90,6 millones de pesos para el arrendamiento de las bodegas que fueron adecuadas como centro de detención.
Millonaria renovación en entredicho
La nueva contratación, firmada en la misma semana de la fuga, asciende a 442 millones de pesos. El hecho de que la ampliación del contrato coincidiera con una falla estructural tan grave —que permitió la evasión de privados de la libertad— ha encendido el debate político en la ciudad.
Sectores críticos cuestionan si el inmueble cumple realmente con las condiciones técnicas y de seguridad requeridas para albergar detenidos, y si la administración evaluó alternativas antes de comprometer recursos públicos por un año más. También se ha puesto sobre la mesa la experiencia de la empresa arrendadora y la relación costo-beneficio del contrato.
Exigen explicaciones públicas
Desde distintos sectores se reclama transparencia total en el proceso contractual y explicaciones claras sobre los criterios que sustentaron la renovación. La fuga dejó en evidencia vulnerabilidades en la infraestructura del centro transitorio, lo que para algunos concejales y ciudadanos debería haber motivado una revisión profunda antes de extender el arrendamiento.
La controversia no solo gira en torno a la legalidad del contrato, sino a la oportunidad y responsabilidad política de la decisión. Mientras tanto, la administración deberá responder si la prioridad fue garantizar la seguridad o simplemente mantener en marcha un esquema que hoy está bajo fuerte escrutinio público.
