El ente de control también reportó la desaparición de 31 taxis y la venta irregular de caballos de paso fino decomisados a las mafias en Colombia.
La Contraloría General, en una auditoría realizada a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y al Fondo Para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), encontró detrimentos patrimoniales para el Estado colombiano por un valor de $28.056 millones. Según el ente de control fiscal, este hallazgo podría tener incidencia penal, es decir, la Fiscalía General podría encontrar posibles rastros de delitos en la SAE, entidad encargada de administrar los bienes decomisados a las mafias en Colombia.
En la auditoría, la Contraloría encontró posibles manejos irregulares de bienes bajo custodia de la SAE. Algunos de esos bienes simplemente desaparecieron, exponiendo a la nación a millonarias demandas.
Al 31 de diciembre de 2023, el total de los bienes inmuebles de FRISCO administrados por SAE ascendía a 33.109. De ellos, 5.985 (18.07%) tienen contrato de arrendamiento, 9.528 (28.77%) están desocupados y 15.060 (45.4%) tienen ocupación irregular. Por estos últimos, la Contraloría determinó 9 hallazgos fiscales por valor de $16.151.443.650 en las ciudades de Medellín, Cali y Barranquilla.
En cuanto a los bienes de la empresa Nuevo Amanecer, bajo administración de la SAE, se identificaron dos hallazgos fiscales. El primero se refiere a la venta de 15 caballos de paso fino por debajo de su valor comercial, con una pérdida de $99.428.569. El segundo hallazgo está relacionado con la desaparición de 69 relojes Rolex avaluados en $1.302 millones.
En la administración de bienes muebles a cargo de la SAE en Montería y Bogotá, se reportó la pérdida de 31 taxis y partes de otros, incautados previamente. Por este caso, se confirmaron dos hallazgos fiscales por un valor de $1.945 millones.
La auditoría evidenció dificultades en la administración de bienes inmuebles, tales como la actualización anual de cánones de arrendamiento y avalúos, el impago de cuotas de administración por parte de los arrendatarios, y la falta de pólizas vigentes que amparen el pago de los cánones en inmuebles arrendados. En algunos casos, como garantía, se entregó efectivo en depósito.
En la Regional de Occidente de la SAE, se detectó una omisión en la gestión de cobro de cánones de arrendamiento, por un valor estimado de $1.881 millones en inmuebles registrados como alquilados. Además, se encontraron inmuebles administrados por la SAE en los que se evidenció la realización de presuntas actividades ilegales, como la fabricación de alcohol adulterado.
