La Contraloría General de la República emitió un duro fallo de responsabilidad fiscal por $1.600 millones de pesos contra el exgobernador del Cauca Óscar Rodrigo Campo Hurtado y la Fundación para el Desarrollo Sostenible y la Participación Ciudadana (Fundespac), al detectar presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato destinado al fortalecimiento del sector lácteo en el departamento.
El organismo de control concluyó que existió un presunto detrimento patrimonial derivado del incumplimiento de los objetivos del convenio “Incremento de la competitividad de la cadena láctea en 14 municipios del Cauca”. Dicho proyecto buscaba impulsar a pequeños productores mediante la construcción y adecuación de centros de acopio de leche, pero, según la Contraloría, varias de estas obras no fueron entregadas o no cumplen con las condiciones técnicas necesarias para operar, lo que terminó afectando los recursos públicos invertidos.
Irregularidades en el proyecto lácteo
El fallo, emitido en primera instancia, establece que las deficiencias en la planeación, ejecución y supervisión del convenio dejaron infraestructuras incompletas o inservibles, desvirtuando los fines del programa y generando un perjuicio económico al departamento.
Aunque la Contraloría impuso la obligación de reintegrar los $1.600 millones con actualización monetaria, el exmandatario aún puede interponer los recursos de reposición y apelación ante el mismo organismo.
Este caso, que se remonta a su administración (2016–2019), se convierte en uno de los más sonados del último año en el Cauca, no solo por el monto del daño fiscal, sino por la relevancia política del implicado. Campo Hurtado, actual representante a la Cámara por el Partido de la U, enfrenta ahora un fallo que podría impactar su trayectoria pública y su futuro político en la región.
Un golpe político
La decisión también deja sin responsabilidad fiscal a los exgobernadores Temístocles Ortega y Elías Larrahondo Carabalí, quienes habían sido vinculados al proceso en etapas anteriores. Este hecho ha generado lecturas políticas encontradas, pues mientras algunos sectores interpretan el fallo como un acto de justicia fiscal, otros lo ven como una jugada que reconfigura el panorama político del Cauca de cara a las elecciones venideras.
