La Contraloría General de la República emitió una alerta de control interno sobre el nuevo modelo de producción de pasaportes del gobierno Petro. El ente de control fiscal alertó sobre graves falencias en el convenio directo entre la Cancillería y la Imprenta Nacional puesto que no se cuentan estudios técnicos ni documentación precontractual adecuada que garantice la transparencia y eficacia del proceso, lo que genera incertidumbre sobre el suministro oportuno y la calidad de los pasaportes que se emitirán bajo esta nueva modalidad.
La alerta de control interno de la Contraloría se suma a la advertencia de la Procuraduría General de la Nación el pasado lunes, cuando el ministerio público llamó la atención dado que “restan menos de 290.000 libretas por entregar en el marco del contrato actual, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de agosto de 2025”.
“Esta situación genera un alto riesgo de desabastecimiento, considerando que no se ha definido con claridad quién asumirá la prestación del servicio a partir del 1 de septiembre de 2025”, señaló el ente de control en un comunicado de prensa emitido el 21 de julio.
El tiempo se agota
El contrato con la actual firma encargada está próximo a vencer y el nuevo acuerdo con la Imprenta Nacional aún no se ha firmado oficialmente, situación que podría dejar al país sin capacidad para emitir estos documentos en las próximas semanas.
El traslado de la producción y distribución de pasaportes a una entidad estatal implicaría, según expertos y normativas internacionales, un periodo de transición de al menos siete meses antes de que el nuevo operador esté en capacidad de funcionar plenamente. Durante este tiempo, la falta de pasaportes podría afectar gravemente a miles de colombianos que requieren viajar al exterior, generando daños económicos y sociales considerables.
Autoridades y expertos advierten que la falta de preparación e información clara por parte de la Cancillería y la Imprenta Nacional es un reflejo de mala planeación y gestión administrativa, que podría desembocar en una crisis. Además, las irregularidades señaladas en el modelo directo de contratación, sin la debida documentación técnica, pueden generar riesgos de corrupción y afectar la confianza en las instituciones colombianas.
